(Tomado de Obrera de la Tecla) Organizaciones sociales y políticas así como movimientos juveniles, rechazaron la resolución administrativa del Consejo Supremo Electoral (CSE), publicado este martes en el Diario Oficial La Gaceta a través del cual amplía el plazo para la obtención de personerías jurídicas bajo la justificación de la pandemia de COVID-19.
La ampliación unilateral es de cinco meses antes del día en que se celebren las elecciones el 7 de noviembre de 2021, determina el CSE.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia refirió que esto no resuelve las reformas de fondo al sistema electoral como ha sido la demanda y que incluye garantías ciudadanas para la realización del ejercicio democrático, un nuevo Consejo Supremo Electoral y observación nacional e internacional.
“Rechazamos la estrategia de la dictadura de no resolver los temas políticos de fondo que ayuden a los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones democráticas, para salir de la grave crisis de de derechos humanos e institucional que atravesamos desde 2018”, señala la Alianza Cívica, que además señala que
todo proceso electoral debe llevar la liberación plena de los presos políticos, recuperación de las garantías ciudadanas contempladas en los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 acordada con representantes del régimen.
“El tema de fondo acá es que se deben de dejar de robar las elecciones”, dijo el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro quien explicó que rechazó una reforma «cosmética» que promoverá «mayor zancudismo».
La Alianza Universitaria 19 de Abril, movimiento Universitario 19 de Abril, Movimiento Estudiantil 19 de Abril y Movimiento UNA 19 de Abril, también se pronunciaron en rechazo a la resolución pues consideran que “la prioridad debe ser solucionar la crisis política del país mediante reformas profundas del sistema electoral y la realización de elecciones libres”.
“La actual crisis política no se solucionará con medidas unilaterales sino con la integración de propuestas y soluciones de la mano con los sectores representativos de toda la sociedad nicaragüense”, dice el pronunciamiento de los movimientos universitarios y estudiantiles que al igual que a Alianza Cívica demandan la liberación de los presos políticos.
Una resolución administrativa no puede reformar ley
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), por su parte señala que una resolución administrativa no puede reformar la ley electoral no satisface el clamor ciudadano por cambios profundos a la Ley Electoral, «bajo los cauces legales que pueda devolverle el derecho a elegir y ser electo».
La UNAB reitera sus demandas de reformas electorales «que desmonte el actual sistema electoral que está a la medida del orteguismo», así como celebración de elecciones libres, transparentes, , competitivas, confiables e inclusivas para encauzar al país en una transición democrática».
En tanto la Coalición Nacional estima que la resolución constituye «una muestra más del abuso de poder y de la ilegalidad que el régimen promueve y una nueva burla a la ciudadanía nicaragüense que desde las últimas elecciones ha venido expresando su desconfianza y descontento ante un CSE viciado y sin credibilidad alguna».
En su comunicado la Coalición ratifica la decisión de todas las organizaciones de la Coalición Nacional de no aceptar negociaciones bilaterales, secretas o solo con partidos políticos y demandar el restablecimiento del Estado de derecho y garantías constitucionales.
No obstante, refiere esto «pasa por la libertad inmediata de los presos políticos, el retorno seguro de exiliados, el desarme de las fuerzas de represión y el cese al acoso que permitirán llevar un eventual proceso electoral con seguridad y garantías».
Una burla
El Movimiento Renovador Sandinistas (MRS), considera la resolución como “una burla”, similar a la rebaja al precio de la energía eléctrica en un 3%.
“En Nicaragua, nadie puede obtener personalidad jurídica como partido político si no cuenta con el visto bueno de la dictadura, pues las condiciones de la ley y normas actuales, vuelven la conformación de fuerzas políticas en un asunto de decisión discrecional del régimen”, refiere el MRS.
Y recuerda que desde 2008 el MRS aún espera la resolución de su demanda ante la Corte Suprema de Justicia en relación a la cancelación arbitraria e ilegal de su personalidad jurídica, al igual que el Partido Acción Ciudadana (PAC), espera aún una resolución sobre un presunto litigio, que mantiene en suspenso sus derechos.