Asamblea Nacional en pleno para aprobar Ley Putín

Con 70 votos a favor y 17 en contra se aprobó en la Asamblea Nacional, controlada por diputados sandinistas, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, popularmente conocida como “Ley Putín”.

La ley dictaminada el lunes pasado por la Comisión de Producción Economía y Presupuesto, brinda herramientas a la administración Ortega-Murillo para sancionar a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, agencias de cooperación y movimientos políticos opositores.

La Ley se aprobó en el ámbito general y continúo en discusión para aprobarse en el ámbito particular. Los diputados opositores se abstuvieron de votar por juzgarla como una ley violatoria y anticonstitucional.

Proceso de votación para aprobar Ley Putín.

Artículo 14

La nueva Ley demanda a brindar al Ministerio de Gobernación un informe en el que se detallen los fondos que reciban y cómo se planean usar, a todo aquel que cobre, reciba o emplee fondos provenientes del extranjero.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley establece discrecionalmente que el Gobierno podrá decidir si los fondos recibidos intervienen en actividades relacionadas a “temas de política interna y externa”.

Además, el artículo agrega que “tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas política”.

“Deuda histórica”, canta Wálmaro

Por su parte, el diputado sandinista y presidente de la comisión que dictaminó la Ley, Wálmaro Gutiérrez, en un discurso teatral y agresivo, señaló que esta Ley era una “deuda histórica”, puesto que era necesario legislar una Ley que defendiera la “soberanía del país”.

De igual forma, el diputado explicó que la “Ley Putín” no es una idea original del régimen de Ortega y Murillo, sino que para crearla se dispusieron a revisar legislaciones de varios países.

No obstante, se hicieron notar opiniones disidentes. Brooklin Rivera, diputado indígena de Yatama comentó en el plenario que esta era una ley que influye negativamente a pueblos indígenas y afrodescendientes puesto que “amenaza con cárcel” a cada organismo que pretenda financiar fondos para la defensa y promoción de los sectores vulnerables del país.

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