Las recién aprobadas Leyes sobre la Regulación de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos, propuestas por el régimen de Daniel Ortega, son incompatibles con el Derecho Internacional al que el Estado de Nicaragua está suscrito.
Así lo determinó la Red Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra (RIDH) y diversos Expertos en los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos, quienes concluyeron que existen “problemas graves y fundamentales de compatibilidad del Estado (de Nicaragua) en virtud del Derecho Internacional”.
Leyes en cuestión
Pedro Vaca, Relator Especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó a través de su Twitter, que el pasado 13 de noviembre un equipo de trabajo envió una carta a Nicaragua, en la que compartieron observaciones preliminares sobre las Leyes de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos.
Por su parte, Vaca añadió que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros “afectará gravemente el ejercicio de la libertad de expresión, y la supervivencia de medios de comunicación independientes y asociaciones que trabajan en defensa de derechos humanos, que reciben fondos de cooperación internacional”.
Igualmente, Vaca manifestó su preocupación por la Ley Especial de Ciberdelitos que “prevé el uso del derecho penal para sancionar la publicación de información considerada como falsa, recordando que su utilización para sancionar discursos especialmente protegidos puede tener un efecto inhibidor”.
La carta
La carta consta de 18 páginas, las cuales instan y obligan al gobierno de Daniel Ortega a revisar las leyes en cuestión y abrir un espacio público de discusión.
Para ello, la carta detalló que la realización de este espacio de discusión, será necesario convocar a todas las partes interesadas y desarrollar procesos abiertos en los que participen las autoridades públicas, empresas privadas, académicos e investigadores, partidos políticos y órganos electorales, así como organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, agencias de verificación de información, medios de comunicación y periodistas.
Además, se tendrá que asignar tiempo adicional para la “consideración legislativa y pública a fin de garantizar que se alinee con las normas internacionales de derechos humanos y los estándares descritos en la presente (carta)”.
“Esta carta basa su análisis en las obligaciones de Nicaragua de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos, así como la relación entre estas leyes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que Nicaragua se adhirió el 12 de marzo de 1980, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua el 25 de septiembre de 1979”, refirió la comunicación enviada a Ortega.
“A este respecto, reiteramos que el poder legislativo tiene la responsabilidad independiente de velar por la conformidad de las leyes aprobadas con el Pacto y la Convención Americana”, agregó la carta.
En adición a ello, la RIDH y Expertos en los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos, se mostraron dispuestos a brindar asistencia técnica a Nicaragua sobre estándares internacionales aplicables.