A propósito de la publicación del informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, Antonia Urrejola, Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, recordó que “el Poder Judicial ha facilitado y avalado la persecución y criminalización” a la oposición.
El informe
El informe se trabajó luego de documentar 266 testimonios directos de personas que estuvieron en las cárceles, estudiar los datos provenientes de organizaciones internacionales, datos del Estado de Nicaragua y organizaciones ciudadanas.
Finalmente, la CIDH encontró gravosas violaciones a los derechos humanos, por lo que, a través del informe se enlistó una serie de 27 recomendaciones al Estado de Nicaragua, iniciando por la liberación de los 109 presos políticos, privados de libertad por oponerse a la dictadura Ortega-Murillo.
Cabe destacar que el informe contabilizó un acumulado de 1614 personas detenidas en el contexto de las protestas sociales, pero Urrejola dijo que “esa es una fracción de la realidad, y no es la cifra total”.
Asimismo, Urrejola explicó que la Comisión Interamericana tiene competencia respecto a los Estados, y que a este lo representa el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De forma que la Relatora señaló diversas situaciones y aspectos importantes que el informe recogió, entre ellas, Urrejola comentó sobre los patrones utilizados en las cuatro fases de represión Estatal que la Comisión diferenció en el informe.
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Represalias contra opositores
“Los patrones son tanto detenciones masivas, sobre todo en los primeros meses de las protestas sociales; luego tenemos un patrón selectivo, donde se está persiguiendo dirigentes opositores; y posteriormente detenciones reiteradas, gente que ha sido detenida, sujeta a prisión preventiva, que luego es liberada y nuevamente es detenida”, explicó Urrejola.
Asimismo, Urrejola calificó estas etapas como una manera de “silenciar a aquellos que ejercen liderazgos en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos, a través de un uso desproporcionado de la fuerza.”
Sobre ello, Urrejola dijo que “hay un sistema de represalias respecto a las personas que han sido detenidas por su apoyo o su participación en la protesta social; una situación de castigo y regímenes de aislamiento a quienes participaron en la protesta social, quienes se quejan por las situaciones carcelarias o se quejan del Gobierno, son sujetos a aislamiento, sin criterio”.
En adición, “hay denuncias de tratos crueles e inhumanos, que pueden alcanzar a torturas; no existe un patrón sistemático de tortura, lo tengo que decir, pero sí, tratos crueles e inhumanos”, añadió la Relatora.
“En el caso de las mujeres, (hay) un patrón sistemático de violencia sexual, es común en los testimonios de las mujeres detenidas que son desnudadas, que son sometidas a sentadillas desnudas”, recalcó Urrejola.
Presos políticos como moneda de cambio
Igualmente, Urrejola dijo que durante las mediaciones se sostuvo “un juego en los diálogos políticos que estaba teniendo la oposición con el Gobierno, y se utilizaba poniendo a las personas como moneda de cambio, lo que sin lugar a dudas, generaba una angustia, y, además es contra la dignidad humana de los presos y sus familiares, al final del día, más allá de que muchos de ellos fueron liberados en este contexto, pero claramente sin ninguna transparencia, sin ningún criterio y como moneda de cambio”, finalizó la Relatora.
Sistema Judicial
Urrejola también mencionó las diversas irregularidades que se realizaron en las detenciones arbitrarias principalmente en los inicios de las protestas sociales de 2018.
Alrededor de ese tema, la relatora concluyó que “El sistema Judicial fue parte de todo este proceso de acusaciones infundadas, y está claramente demostrado a través de los testimonios, a través de los mismos documentos que los abogados defensores nos entregaron a nosotros, también, esto fue todo un montaje también del propio sistema judicial, y eso está claramente acreditado”.
Además señaló que no se realizó “ninguna investigación ni sanción” respecto a las 328 personas “ejecutadas extrajudicialmente”.
Así que declaró que “el Poder Judicial ha sido parte de toda esta criminalización contra la protesta, por una parte, y la impunidad por otra parte, y demuestra que no hay una debida independencia, que es parte fundamental de una democracia”.
Estado Policial
Por otra parte, Urrejola explicó que aspectos conlleva la imposición de un estado policial como el instaurado en Nicaragua.
“Un estado policial va cerrando cualquier espacio de oposición, de disidencia en el espacio público: sea la protesta en la calle; sea la disidencia pública a través de la prensa; sea la disidencia través de las redes sociales; y eso incluye la calle, la vereda, donde la gente pueda juntarse un grupo y tirar un panfleto”, concretó la Relatora de la CIDH.
Incluso, Urrejola se opuso a la idea de realizar elecciones sin antes liberar a las personas privadas de libertad. “No puede haber elecciones libres y democráticas sin espacios democráticos donde se puedan expresar las distintas candidaturas, distintas ideas, de manera libre, sin presiones”, dijo la defensora de derechos humanos.
En definitiva, “ha habido en los últimos meses una intensificación de personas detenidas por razones políticas, considerando que además estamos en tiempo pandémico y covid, donde la gente, además, está saliendo mucho menos, se está cuidando y tomando distanciamiento social”, expresó Urrejola.