La insurrección cívica estalló sin aviso el 19 de abril. Una semana antes, grupos de estudiantes universitarios y activistas medioambientales autoconvocados en redes sociales, protestaron durante siete días consecutivos contra la negligencia del Gobierno ante el incendio de la reserva de Indio Maíz. La Policía les impidió marchar en las calles, pero la protesta representó para muchos jóvenes una formidable experiencia organizativa.
El 18 de abril, el Gobierno publicó el decreto de reformas a la seguridad social, aumentando las cotizaciones patronales y laborales y gravando las pensiones.
La medida fue rechazada por las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como un acto unilateral que rompía el modelo de “diálogo y consenso”, mientras un grupo de estudiantes universitarios, entre ellos los participantes en la protesta por el incendio de Indio Maíz, activistas de la sociedad civil, feministas y jubilados de la tercera edad, convocaron a protestas cívicas en Managua y León en contra de las reformas. Los protestantes fueron vapuleados por las fuerzas de choque del FSLN, protegidas por la Policía Nacional, primero en León y después en Managua en el centro comercial Camino de Oriente, donde atacaron con tubos y piedras a manifestantes y a periodistas que cubrían la protesta. Las imágenes de la represión y la resistencia que se extendió hasta la Universidad Centroamericana fueron transmitidas en vivo durante más de tres horas en la televisión por cable a través de 100% Noticias y se viralizaron a través de las redes sociales, generando un sentimiento de repudio e indignación nacional. Un día después, al continuar el reclamo el 19 de abril, el régimen desató una represión sangrienta que desencadenó una ola de protesta nacional.
La ruptura de los estudiantes en las universidades públicas
La protesta estudiantil, inicialmente focalizada en las universidades privadas, Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad Americana (UAM), se extendió al 19 de abril a las universidades públicas: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (unan de León y Managua), Universidad de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria (una) y Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Los estudiantes que se rebelaron al control político de la Unión Nacional de Estudiantes (unen), dirigida por la Juventud Sandinista del FSLN, se rehusaron a ser utilizados como fuerzas de choque para reprimir a sus compañeros, y se sumaron a la protesta contra el régimen para reclamar el restablecimiento de la autonomía universitaria en los campus.
El quiebre del sistema de control político tradicional del régimen sobre la juventud marcó un punto de inflexión en el inicio de la Rebelión de Abril, mientras la Policía reaccionó con una violencia inusitada, utilizando armas de fuego, francotiradores y paramilitares para intentar desalojar a los estudiantes de los campus universitarios tomados en la UNI, UPOLI y la UNA.
La orden “Vamos con todo”
Ante las primeras manifestaciones de la resistencia estudiantil, el 19 de abril la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a una reunión de emergencia a las estructuras partidarias del FSLN y la Juventud Sandinista en Managua. Su lugarteniente Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN, secretario general de la Alcaldía de Managua y jefe de los grupos paramilitares, transmitió la orden de la vicepresidenta: “vamos con todo”. Según el testimonio de Ligia Gómez, exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, Moreno explicó que el objetivo era aplastar la protesta con todos los recursos disponibles para “defender la revolución”, e impedir que los manifestantes se tomaran las calles, para lo cual presentaron un plan para defender 61 puntos estratégicos en la ciudad de Managua, que en pocas horas fueron rebasados por una espontánea protesta que derivó en la insurrección cívica. Unas horas después, la represión armada cobró los primeros tres muertos, en una orgía de violencia represiva que no se detendrá durante al menos 100 días. En la primera semana de represión, se produjeron más de cincuenta muertos iniciando el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz.
A partir de las protestas de abril, la dictadura institucional Ortega-Murillo se convirtió en una dictadura sangrienta. Si la chispa de la protesta fue la reforma a la seguridad social, el detonante que la convirtió en masiva fue el rechazo nacional a la brutalidad de la represión. Un régimen diseñado para gobernar sin oposición colapsó al enfrentar una protesta cívica masiva que fue percibida como una amenaza a su poder político. Acostumbrado a mantener el control con base en la violencia selectiva, la cooptación, el fraude electoral, la centralización de los poderes del estado y el control los espacios públicos, el régimen reaccionó con extrema violencia al perder la mayoría política y el control de las calles.
Para leer el reportaje completo dale clic al siguiente enlace https://bit.ly/2Ct13Wz CONFIDENCIAL.