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TELCOR publicó una normativa que permitirá el espionaje institucional

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El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), bajo orden del régimen de Daniel Ortega, publicó este viernes en La Gaceta, una normativa para la «Prevención de Datos e Información» basada en la punitiva Ley Especial de Ciberdelitos.

Según José Pallais, abogado constitucionalista, esta normativa establece un modelo institucional de espionaje político.

Finalidad de la normativa

De acuerdo con la normativa las operadoras estarán obligadas a “preservar los datos e informaciones generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de telecomunicaciones”.

La finalidad de esta normativa es «prevenir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos establecidos en la Ley No. 1042 “Ley Especial de Ciberdelitos”».

Datos e informaciones a “preservar”

Por otro lado, el artículo dos de la normativa indica cuáles son los datos e informaciones que deberán almacenarse dependiendo del origen de una comunicación.

En el caso de las llamadas telefónicas móviles o fijas, las operadoras estarán obligadas a rastrear el número telefónico, nombre completo, número de documento de identidad y la dirección del usuario del servicio.

Según el artículo cuatro, los datos e informaciones preservados por las operadoras autorizadas solo podrán ser proporcionados a la Policia Nacional o al Ministerio Público.

Además, el artículo cinco establece que las operadoras deberán preservar los datos e informaciones por un periodo de doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación.

“Agentes de espionaje”.

Asimismo, José Pallais explicó que las compañías telefónicas que prestan servicio al público en Nicaragua, se convertirán en agentes espías en contra de los ciudadanos.

«Las compañías telefónicas de servicio de internet se están convirtiendo en agentes de espionajes del Estado por imposición legal», dijo Pallais.

«Obligándoles a mantener en sus registros una serie de información privada que está protegida por la Constitución Política de Nicaragua, y que no tienen ninguna derecho de estar registrando y menos aún estar espiando con quien nos comunicamos, cuando nos comunicamos y de donde nos comunicamos», finalizó el abogado.

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