Desde hace más de veinte años, Grace Patterson es una asidua defensora de los derechos de las mujeres de esa ruta accidentada y poco comunicada entre la ciudad de Bluefields y El Bluff. Conoce bien las pangas y sobre todo cómo soportar el martillazo de cada ola sobre los taburetes de las embarcaciones que surcan esta bahía cristalina, que se abre ante la cabecera departamental del Caribe Sur de Nicaragua. Mientras viaja aprovecha para hablar con las mujeres que se encuentra en el trayecto, no solo por mera cortesía, sino porque es un insumo primordial para la defensoría voluntaria que realiza en las alejadas comunidades.
Grace comenzó a combatir la violencia de género por pura convicción. Su madre recibió maltrato y aquellos horrendos episodios que vivió de niña la obligaron a expiarlos de una sola forma: evitando que otras mujeres de Bluefields y sus comunidades indígenas sufran lo mismo.
“Eso me llevó a querer ser parte de un cambio, pero no un cambio fácil, porque soy una mujer indígena y en las comunidades la herencia de sumisión de las mujeres es trascendental. Que una mujer se ‘rebele’ está criminalizado”, asegura Grace, una afrodescendiente de 51 años, nacida en Puerto Cabezas, al norte del litoral, pero criada al sur de Bluefields.
Patterson nació en el seno de una familia dedicada a la pesca artesanal, un oficio de hombres. A ella le enseñaron que los varones mandan y llevan los alimentos a casa, por lo consiguiente las mujeres les corresponde servir y las religiones se encargan de remarcar ese patrón.
Sin embargo, en 1998 con 23 años, empalagada de tanto atropello decidió romper el “ciclo de la violencia machista” y estudiar principios feministas. Tomó varias capacitaciones ofrecidas por oenegés en un momento en que la abundancia económica que vivía Bluefields gracias a las empresas pesqueras se desplomó.
Mientras Grace estudiaba y juntaba más insumos, para trabajar en pro de la prevención de la violencia en su comunidad siempre se mentalizó que tenía que romper los cánones de sumisión, pues “desde mi niñez me dije que no quería ser maltratada como mi madre, que en paz descanse… Me prometí que nunca iba a permitir que un hombre me pegara”, asegura.
Grace nunca ha tenido acceso a recursos económicos que le permitan fortalecer su cruzada contra la violencia de género en el Caribe Sur. Viaja en panga a El Bluff y otras comunidades, pero en Bluefields también ha adaptado la sala de su casa para recibir a mujeres víctimas. Al ver tanta demanda, modificó los cuartos y creó una especie de albergue.
“Cuando recibo la visita de una mujer víctima de violencia de género, inicio una carrera contra el tiempo, que va desde alojamiento de la mujer y sus hijos, en el caso que los tenga hasta la alimentación, transporte y cualquier apoyo que sea necesario”, relata esta defensora.
El próximo paso es remitir a las víctimas con las defensoras de la Red de Mujeres Afrodescendientes de Bluefields, para que las víctimas interpongan la denuncia en la Policía, paralelamente se les brinda acompañamiento psicológico. Sin embargo, las autoridades en esa cabecera departamental muy pocas veces atiende el llamado.
“Para nosotras, las defensoras de El Bluff, no es fácil. Implica hasta quedar de enemigo de los comunitarios, porque son personas que están a nuestro alrededor. Al venir una mujer a solicitar apoyo, porque necesita alguien que la apoye y que la asesore, el hombre ya te ve como enemiga”, ”, comenta Grace.
Esta defensora hace énfasis en el riesgo que corren las defensoras en una comunidad pequeña, donde la seguridad pública cuenta con menos de cinco policías en una mini estación que no presta las condiciones para dar respuesta a los casos.
Profesora y defensora
Grace es profesora desde hace 11 años en la escuela Instituto Nuevo Amanecer en El Bluff. Cada tarde camina por las calles del puerto, para enseñar a sus estudiantes, culminando sus labores de docencia a las nueve de la noche.
Con un salario mínimo, cuatro hijos y un hogar que mantener, Grace todavía tiene que estirar el sueldo todo un mes para ayudar a las mujeres que necesitan salir de un hogar violento. El mayor problema es trasladarlas inmediatamente a Bluefields, para que la mujer no tenga obstáculos y pueda interponer la denuncia.
Esta madre, abuela, profesora y defensora de mujeres decidió buscar otro ingreso que le ayudaría a solucionar los gastos diarios del hogar. Ahora elabora y vende helados de maní, coco y fresa.
En algunas ocasiones, la población se solidariza con las víctimas y apoyan con el transporte, la reubicación, alimentación, entre otros de los tantos gastos que significan sacar a una mujer viva de las manos de su agresor. Lamentablemente, esto no sucede en todos los casos. Algunas veces el apoyo solo es recibido una vez y, paralelamente, el sistema judicial de la región con su tardía respuesta obliga a la víctima a realizar varios viajes a Bluefields para interponer una simple denuncia.
Sin apoyo y sin organizaciones
Grace, que en medio de sus limitaciones busca gestionar recursos, logística de traslado y reubicación, asegura que no hay apoyo de la Secretaría Regional de la Mujer.
El escenario que favoreció a las defensoras de El Bluff fueron las capacitaciones impartidas por las organizaciones de mujeres que llegaban a la Costa Caribe, quienes les proveyeron de conocimientos técnicos para defender sus derechos. Las capacitaciones y apoyo logístico se vieron afectadas con la promulgación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), que fue impuesta por el gobierno de Daniel Ortega para acallar las organizaciones de la sociedad civil, al quitarles la personería jurídica a más de 50 organizaciones, que acabó con el trabajo social que realizaban.
Si la defensoría de las mujeres víctimas de violencia en la región y el país con el apoyo de las organizaciones era difícil, el panorama se torna sombrío y sin esperanza con el cierre masivo de estas. Los últimos informes de Católicas por el Derecho a Decidir han registrado un aumento de femicidios y la zona del Caribe tiene los más altos índices de violencia.
El total de femicidios asciende a 66 hasta el 25 de noviembre de 2021, datos obtenidos del Observatorio de Católicas por el Derecho a decidir. De esos casos, 17 corresponden al territorio caribeño, lo que representa un 25.77%. Según los registros de Grace, en El Bluff, la mayoría de los casos que se presentan son demandas de pensión alimenticia y al tener acompañamiento de las defensoras, se ha cumplido la norma. No obstante, los casos de denuncias de violencia intrafamiliar presentan un retardo de justicia, que le da pauta al agresor de manipular a su víctima originando que ésta caiga nuevamente en el círculo de violencia.
“A las defensoras nos consideran enemigas del gobierno”, dice Grace, quien sostiene que seguirá compartiendo su salario o pidiendo a los comunitarios para salvar a más mujeres de la violencia de género en El Bluff.