Redacción AP
José Antonio Peraza, Tamara Dávila y Walter Gómez, integran la lista de más de 190 personas presas políticas por la dictadura Ortega-Murillo. Recientemente sus familiares han mostrado retratos hablados en los que se percibe el grave deterioro físico que sufren debido a la pérdida de peso, y las enfermedades crónicas que les aquejan.
Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos han denunciado constantemente la situación en la que se encuentran las personas presas políticas. El Instituto Raza e Igualdad dijo que “los procesos judiciales contra las personas presas políticas se caracterizan por una amplia variedad de irregularidades y actuaciones contrarias a la legislación nacional e internacional. La Policía Nacional llevó a cabo detenciones masivas y programadas sin causa legal, sin indicios fundados de la comisión de un delito, sin existir denuncia o acusación previa, y sin contar con órdenes de captura”.
Los familiares temen que la salud de José, Tamara y Walter empeore. Karoll Peraza, hermana del preso político José A. Peraza, denunció que “teme mucho por la vida de su hermano, quien antes de ser capturado pesaba 210 libras y era fuerte y atlético”.
Peraza, politólogo, era dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) cuando fue capturado en julio de 2021, en medio de una ola de arrestos registrados meses antes de las votaciones de noviembre de ese año, y en febrero pasado fue declarado culpable del delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y condenado a 10 años de prisión.
Por su parte, María Consuelo Céspedes, esposa del preso político Walter Gómez, relató a la agencia de noticias EFE que “solo le permiten que le llevemos tres botellas de agua y tres jugos, a la semana”. Sus familiares “nos sentimos sumamente preocupados por su acelerada pérdida de peso y extrema delgadez. Nos preocupa los posibles daños físicos y psicológicos que estas condiciones pueden acarrear”.
Gómez, de 55 años, es un extrabajador de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), donde se desempeñó como administrador financiero, por lo que el régimen de Ortega lo implicó por supuesto lavado de dinero. En marzo de 2022 fue condenado a 13 años de prisión en un juicio celebrado en la misma cárcel.
Tamara Dávila, solo ha sido vista por cinco parientes durante ocho visitas que le han sido permitidas, por lo que el retrato -elaborado por la campaña Sé Humano- es una aproximación a su estado actual, después de perder 40 libras y no recibir sol.
Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política, la describió como “una persona profundamente fuerte y espiritual” y destacó que “durante este año de aislamiento ha entrenado su mente para mantenerse fuerte y centrada. Ella reza, canta, baila, medita y escribe cuentos en su cabeza para su hija, ya que no le permiten acceso ni a papel ni a lápiz. Es inhumano que le hayan imposibilitado por completo comunicarse con su hija, sin permitir visitas, llamadas, cartas, fotos, o dibujos”, comentó en conferencia de prensa.
La feminista e integrante de la Unión Renovadora Democrática -antes MRS-, fue secuestrada de su vivienda el 12 de junio de 2021, lleva 394 días incomunicada y en aislamiento total, durante este tiempo no ha podido ver, ni comunicarse de ninguna forma con su hija y ha recibido solo ocho visitas de sus familiares. No ha tenido ninguna reunión con su abogada.
En junio pasado, luego de la última visita que recibieron las personas presas políticas en la cárcel El Chipote, el Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció que al menos 44 personas sufren enfermedades asociadas a padecimientos cardiacos y del sistema circulatorio. “Algunos han sufrido infartos o preinfartos y están en una condición de alto riesgo”, alertaron