El Consejo Federal del Gobierno de Suiza decidió imponer “medidas coercitivas” a seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega, en respuesta a la situación actual de Nicaragua, uniéndose así a las sanciones anunciadas por la Unión Europea, en mayo pasado contra el jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; el operador político y de espionaje de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau; la exmiministra de Salud, Sonia Castro; y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.
El exembajador nicaragüense, José Luis Velásquez, califica las sanciones de Suiza como “inusual”, pues asegura que no existe en la historia otro caso en el que el país emitiera una condena “con nombre propio”, en contra de funcionarios de un Gobierno extranjero, en este caso directamente contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Suiza ha sido el paraíso fiscal donde se refugian muchas cantidades de dinero que circulan a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Velásquez, en entrevista en el programa Esta Noche, que se transmitirá por YouTube y Facebook Live.
El argumento de las sanciones de Suiza, al igual que las de la Unión Europea y Estados Unidos, son las “continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho” en Nicaragua.
Las consecuencias de las sanciones de Suiza
En un comunicado divulgado este 24 de junio, el Consejo Federal anunció que impondrá sanciones financieras y de viaje contra los seis funcionarios, que incluyen la congelación de sus activos y prohibición de ingreso o viaje a través de Suiza.
Como consecuencia, valoró Velásquez, los funcionarios orteguistas no podrán “poner a salvo los recursos de los que se han apropiado de forma indebida”, en Nicaragua, tras recordar que Ortega y su Gobierno han administrado de forma discrecional más de 3000 millones de dólares de la cooperación venezolana.
El Consejo Federal detalló en el comunicado que “actualmente, las medidas están dirigidas a dos asesores personales del presidente Ortega y cuatro representantes de alto rango del sistema judicial y la Policía de Nicaragua, acusados de violaciones graves de los derechos humanos”.
Sin embargo, Velásquez considera que las sanciones de Suiza, además de afectar a los seis funcionarios específicos, tendría serias consecuencias a Nicaragua y su acceso a recursos económicos provenientes de esa cooperación.
En la página web de la cooperación Suiza se destaca que la cooperación es “modesta”, pues el país importa de Nicaragua, principalmente, metales preciosos y productos como bananos y café. En el 2018 este intercambio tuvo un valor de 75 millones de Francos Suizos, casi 80 millones de dólares estadounidenses.
Por el otro lado, Nicaragua compra a Suiza maquinaria, productos farmacéuticos, ópticos e instrumentos médicos, que en el mismo año representaron unos 5.3 millones de Francos Suizos o su equivalente en dólares estadounidenses que representan 5.5 millones.
El Consejo Federal precisó que los activos afectados por el congelamiento deben ser reportados de inmediato a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza, y aclaró que “estas sanciones no están dirigidas contra el pueblo de Nicaragua”.
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