La Asamblea Nacional, dominada por la bancada sandinista, aprobó con 74 votos a favor, la iniciativa de reforma para la Ley General del Agua, que en el fondo, permitirá a empresas del Estado o Asociadas privatizar el servicio de agua potable y aguas residuales.
Con la aprobación de esta disposición legal se cobrará un excedente del tres por ciento en las facturas del servicio brindado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue la encargada del proceso consultivo para su posterior dictamen.
La reforma
La iniciativa aprobada se conformó por reformas a 59 artículos de los 155 que acumulaba la ley antes de la actual reforma.
Los artículos más importantes que se reformaron están ligados a la administración de cuencas y fuentes de agua, con lo que se proyecta la desmantelación del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA).
Se prevé que este instituto será absorbido por el ineficiente y poco fiscalizadora Autoridad Nacional del Agua (ANA), que desde su inicio hasta hace pocas semanas estuvo bajo administración de Luis Ángel Montenegro Padilla, destituido bajo condiciones poco transparentes.
Derogaciones
Ruth Herrera, expresidenta de Enacal, demostró su preocupación por los artículos derogados, entre los que se encuentra el artículo 129 que estipula los diversos delitos ambientales sobre los cuerpos y cuencas de agua.
“Con esa reforma quitan las barreras de proyección del medio ambiente y dejan desprotegidas las cuencas de agua”, advirtió Herrera nuevamente.
“No abre las puertas a la privatización del agua, abre todos los portones”
Ante esta situación, Herrera dijo que el proyecto de reforma “no abre las puertas a la privatización del agua, abre todos los portones”.
Además, Herrera explicó que ello convertiría a ANA en un “poderoso ente estatal” que venderá concesiones a empresas privadas para prestar el servicio de agua potable y saneamiento a la población.
Al mismo tiempo se encargará de regular el uso del agua en el país.
Por su parte, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez argumentó que el objetivo de la reforma es “modernizar el servicio y acercarlo a comunidades rurales”.
Finalmente, Gutiérrez afirmó que en ningún momento se piensa privatizar el agua porque “es el Estado quien otorgará las concesiones”.