(Tomado de Expediente Público) La inversión pública es clave para el desarrollo y crecimiento de un país, pero el Estado de Nicaragua, la convirtió en un festín de corrupción con la falta de acceso a la información pública y la violación a las leyes de contrataciones. Aunque se han programado obras prioritarias en los últimos años, estas obras se otorgan con el favoritismo del Gobierno y no tienen fiscalización ni vigilancia efectiva por parte de la Contraloría General de la República.
El estudio de Expediente Público “Las obras públicas en Nicaragua: problemas y recomendaciones a la luz de la transparencia” revela las ineficiencias en el proceso de contrataciones de las obras públicas del país, enfatizando en el campo de infraestructura vial, debido a la poca transparencia y fiscalización de este sector. La investigación referida describe, además, las malas prácticas que han generado situaciones de corrupción, tales como: la elusión de procedimientos más estrictos utilizando la subdivisión o estableciendo causales que no aplican; colusión entre proveedores que participan en un mismo procedimientos; amarres entre la supervisión, el contratista y el equipo de ejecución de los contratos para recibir obras que no cumplen con los requerimientos técnicos; pagos adelantados o que se originan por avalúos que sobrepasan el límites de las modificaciones a los contratos, entre otros casos.
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