(Tomada de Obrera de la Tecla) Varias organizaciones defensoras de derechos humanos dirigieron una comunicación a los directores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) , Tedro Adhanom Ghebreyesus y Clarissa F. Etiene, respectivamente, para expresar su preocupación por la forma en que le régimen ha abordado la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 en Nicargua.
“La pandemia global por el COVID-19 encuentra a la población nicaragüense en una situación particularmente crítica. El programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades contempla solamente el 3.6 % del gasto total del sector salud, representando el 0.7 % del PIB de Nicaragua”, indican las organizaciones en su escrito.
El escrito fue dirigido entre otras por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y en el mismo le señalan a la OMS que según las últimas cifras disponibles Nicaragua es el país con menor inversión percápita en salud en toda la región comprendida por México y Centroamérica.
El pasado 31 de marzo, el nicaragüense Oswaldo León, aseguró que la OPS ya debería haber llamado al régimen a aplicar el Reglamento Sanitario Internacional, que es el protocolo de lo que tiene que hacer un Estado ante una emergencia provocada por una pandemia, el cual es de obligatorio cumplimiento.
Durante ocho años, León fue oficial de comunicación en la OPS y asegura que esa agencia cuenta con un sistema que le permite conocer en tiempo real lo que ocurre en un país.
Crisis de derechos humanos empeora situación sanitaria
En su escrito, las organizaciones de derechos humanos le señalan a los directores de la OPS/OMS, que a la situación actual en el país se suma la crisis de derechos humanos de la cual ha sido víctima la población desde abril del 2018, pues se les ha negado la atención y acceso a la salud a las personas consideradas opositoras o disidentes del régimen.
Un ejemplo, concreto que exponen en su escrito las organizaciones defensoras de derechos humanos, fue el caso del niño Álvaro Conrado , una de las primeras víctimas fatales de la represión iniciada en abril de 2018.
Igual le expresan a la OPS/OMS la preocupación que genera “que estas estadísticas no son consecuentes con el comportamiento que ha mostrado el virus a nivel mundial”. A su vez, porque el régimen mantiene “una política de secretismo de la información relacionada con la pandemia”, en relación a sus dimensiones, impacto, medidas para enfrentarla. Y expresan el temor que haya ocultamiento de casos como ocurrió con el caso identificado por Cuba.
Al tiempo que le informan a la OPS y OMS que el régimen sigue con la promoción de actividades masivas y visitas casas a casa por parte “de una red de simpatizantes”, que transmiten “información imprecisa y contradictoria”.