(Tomado de Expediente Público) Con voz aguda, pero con fuerza, se dirigió a un grupo de policías y paramilitares apostados en las instalaciones de suministro de agua potable del municipio de El Almendro, municipio ubicado a 280 kilómetros de Managua. “Venimos a quitar ese candado, porque esto es de la alcaldía”, reclamaba indignada Lilliam Jiménez, la vicealcaldesa, ante la falta del vital líquido por varios días, en noviembre de 2019, en esta comunidad del departamento de Río San Juan.
Acompañaban a Jiménez unos 12 pobladores decididos a cambiar el candado del tanque de agua para que los armados no se adueñaran de la propiedad.
El inmueble está a nombre de la alcaldía local, que recibe y paga las facturas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (Enacal), pero no tenían las llaves del portón de acceso al tanque de agua.
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