En Nicaragua no hay señales, ni avances o mejoría en el respeto de los derechos humanos y políticos de los nicaragüenses, reiteró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), en su más reciente informe de monitoreo de junio y julio.
Al contrario, la organización reiteró que en Nicaragua persiste un clima de “ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamientos e intimidación” contra cualquier opositor al Gobierno, incluida la iglesia católica.
Amenazas y represión contra periodistas y medios
“Entre junio y julio no se observó ningún progreso respecto a las preocupaciones vigentes relacionadas con la situación de derechos humanos, al mismo tiempo que continúan reportándose amenazas contra personas percibidas como opositoras al gobierno, así como de violaciones al derecho a la vida”, cita Oacnudh.
La oficina de derechos humanos que preside Michelle Bachelet documentó en esos dos meses que seis estudiantes varones que participaron en las protestas de 2018 y un periodista en el exilio recibieron amenazas, incluso de muerte, o fueron víctimas de campañas de difamación en las redes sociales.
«En algunos casos, las amenazas también fueron dirigidas contra miembros de sus familias», menciona el informe, en alusión a las amenazas contra el periodista Gerall Chávez, a quien fanáticos del régimen amenazado con decapitarlo y asesinar a su familia en Carazo.
Reportan atentado con catedral como “ataque incendiario”
Además, Radio Darío en León habría sido objeto de intimidación por parte de la Policía sandinista y personas no identificadas habrían dañado la antena de transmisión de Radio Corporación en Managua.
El informe de Oacnudh incluye el atentado el pasado 31 de julio en la Catedral Metropolitana de Managua contra la venerada imagen de la Sangre de Cristo.
La Oacnudh instó a las autoridades a que realizaran una investigación exhaustiva del “ataque incendiario”.
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No hay señales ni voluntad de paz
Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas, dos años después del estallido social de abril de 2018, que provocó la muerte de 328 personas, las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no dan muestras de encontrar una salida a la crisis en el país.
“No se observaron señales emergentes que indicaran la voluntad de las autoridades estatales de aliviar las tensiones provocadas por la crisis sociopolítica de 2018, ni de aplicar las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 2019”, señala el documento.
Oacnudh recoge en su informe el asesinato de Jorge Rugama Rizo, el pasado 19 de julio en La Trinidad, en Estelí, víctima de un paramilitar sandinista que le disparó cuando la víctima le gritó “Viva Nicaragua Libre”.
Transparencia con la pandemia, pide ONU
En el contexto de la pandemia de covid-19, Oacnudh señala la urgente necesidad de que las autoridades del Ministerio de Salud brinden información de la pandemia de forma transparente, a como lo ha pedido en reitaradas ocasiones la Organización Mundial de la Salud, órgano de las Naciones Unidas.
“Mayor transparencia y claridad en relación con la respuesta del Estado a la covid-19, incluyendo el intercambio de información sobre el número de casos, muertes y pruebas realizadas, así como sobre los patrones de transmisión del virus en todo el país”, demanda Oacnudh.
Ante este caso, Oacnudh dijo estar especialmente preocupada por la “falta de datos desagregados sobre las infecciones entre los pueblos indígenas y los afrodescendientes”.
Conclusiones y recomendaciones
“Durante el período que se examina, la OACNUDH siguió documentando la persistencia de ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras al Gobierno, incluida la Iglesia Católica”, concluye el informe.
“La pandemia también ha seguido restringiendo los derechos a la libertad de opinión y de expresión. La falta de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue alentando la repetición de esos actos”, dice el documento que, a la vez, recomienda cuatro cosas a Nicaragua.
- Establecer un plan de acción integral para la rendición de cuentas que sea inclusivo y esté centrado en las víctimas, que incluiría, entre otras medidas, investigaciones y procesos penales rápidos, exhaustivos y transparentes de todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos que se hayan producido desde el 18 de abril de 2018.
- La OACNUDH también insta a las autoridades nicaragüenses a que investiguen de manera exhaustiva y transparente el asesinato de Jorge Rugama Rizo el 19 de julio en La Trinidad, así como el incendio presuntamente provocado en la Catedral Metropolitana de Managua.
- La OACNUDH reitera su llamado urgente al Gobierno para que establezca puentes con la sociedad civil, con los defensores de derechos humanos, el sector privado y las asociaciones médicas, entre otros actores, con miras a garantizar su plena participación en todas las etapas de la respuesta a la pandemia de la COVID-19 y el pleno disfrute del derecho a la salud por todos.
- En línea con la aprobación de la resolución 43/2 por el Consejo de Derechos Humanos, la OACNUDH reitera su voluntad de prestar cooperación técnica a todos los actores, incluidos el Gobierno de Nicaragua y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), con miras, inter alia, a garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta del Estado a la pandemia de la COVID-19.