Diversos países y diputados de la Unión Europea están pidiendo más presión al Parlamento Europeo, para que aplique sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los parlamentarios, además, piden la suspensión a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA).
Este 7 de octubre circuló entre los políticos de ese foro, un documento de proyecto de resolución que está previsto a ser aprobado por mayoría, donde se demanda al bloque de 27 Estados poner mano firme contra los abusos crónicos y ampliamente documentados de la dictadura en el poder en Nicaragua.
Lupa europea en la dictadura orteguista
La reunión está prevista este 8 de octubre en el Parlamento Europeo, donde grupos parlamentarios sostienen que el documento será aprobado. En dicha reunión se discutirá la crisis de derechos humanos y libertades públicas de Nicaragua, incluido el tema de las leyes bozal.
“Tras una intensa negociación se sumaron al texto del grupo liberal la inmensa mayoría de la cámara, contando con el apoyo de los Verdes, S&D (Socialistas Europeos), EPP (Partido Popular Europeo) y ECR (Conservadores) lo que garantiza la aprobación por amplia mayoría de la resolución. Sólo la extrema izquierda (GUE) y la extrema derecha (ID) no se sumaron a las negociaciones”.
Informó a Despacho505 el euro diputado José Ramón Bauzá.
Los parlamentarios europeos, en posición de alarma ante este nuevo combo de leyes bozal, que la dictadura Ortega-Murillo pretende imponer en Nicaragua (Como Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley de Contra Crímenes de Odio.), buscan una solución, para que el régimen desista con el proceder de estas tácticas de represión.“
Elecciones libres
Ellos piden la paralización de los tres controvertidos proyectos de ley anti-oposición y se inicien las negociaciones conducentes a reformas institucionales y electorales que permitan unas elecciones libres y transparentes en 2021.
El Acuerdo de Asociación (AdA), representa aproximadamente el 10% de las exportaciones del país y ha permitido que los productos nicaragüenses, tengan un alcance equitativo (comparado con otros) en esos mercados.
Las sanciones, además, cerrarían al mercado europeo las transacciones económicas desde Nicaragua y le impedirían a funcionarios públicos y miembros del régimen ingresar y hacer negocios con cualquier institución europea.