A lo largo del año 2020, se han creado leyes que atentan contra las libertades ciudadanas. De igual modo, la población ha visto vulnerados sus derechos, entre ellos: el derecho a la libertad, derecho a la integridad física y derecho al debido proceso.
El combo normativo
Las leyes promovidas por el régimen han sido: Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley contra Crímenes de Odio.
La Ley de Agentes extranjeros pretende vigilar el financiamiento internacional de organizaciones civiles; por otro lado, la Ley de Ciberdelitos conocida popularmente como Ley Mordaza, criminaliza la libertad de expresión en plataformas online, redes sociales y el trabajo de medios de comunicación independientes.
En cuanto a la Ley contra Crímenes de Odio, la cual se lanzó luego del sonado caso en el que secuestraron y asesinaron a dos niñas en Mulukukú. Esta ley propone cadena perpetua.
La ciudadanía mostró inconformidad ante dicha iniciativa. Puesto que se interpreta que el verdadero trasfondo es poner tras las rejas a líderes opositores del régimen orteguista. Tal y como lo advirtió el dictador Daniel Ortega en un tóxico discurso del 15 de septiembre.
Con estas leyes el gobierno de Daniel Ortega pretende “no dejar en pie” libertades básicas de cara a las elecciones presidenciales en noviembre 2021, según Asunción Moreno, abogada, jurista y académica miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una entrevista a la Voz de América.
“Este combo normativo eleva el recrudecimiento de la represión ciudadana y reducir espacios de personas que pensamos diferente y que pensamos una Nicaragua democrática”,
expresó Moreno.
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Violaciones a los derechos humanos
Amenazas, asedio, acoso y la persecución política es lo que recetó el Gobierno de Daniel Ortega a lo largo de este año 2020 y lo reflejan las 1,622 denuncias recibidas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Las entidades más denunciadas han sido la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario.
En su informe, la CPDH identificó 30 asesinatos y 53 actos de tortura en departamentos como: León, Carazo, Masaya, Jinotega, Chinandega, Estelí, Chontales, Río San Juan, Nueva Segovia, entre otros.
En el año 2018, con el estallido social la CPDH registró más de 4, 000 mil denuncias.
A pesar de que en los siguientes años las cifras han disminuido, no significa una mejoría de la situación, más bien al asedio permanente de la Policía en las afueras de la institución, como intimidación a quienes trataran de poner sus denuncias, según Marcos Carmona, director ejecutivo de CPDH.