La Unidad Azul y Blanco (UNAB) presentó un informe sobre las violaciones de derechos humanos al cierre del 2020, hoy viernes ocho de enero desde el hotel Holiday Inn.
El informe denunció que el régimen de Daniel Ortega “mantiene un estado policial de facto, de violaciones diarias a los derechos ciudadanos y de falta total de libertades civiles, de organización y movilización, que amenazan cada día la vida e integridad física de la población nicaragüense”.
Personas presas políticas
Asimismo, el informe de la UNAB registró 120 personas presas políticas actualmente, de las cuales, 110 resultaron detenidas ilegalmente tras las protestas antigubernamentales de 2018.
De igual forma, el informe concretó que de las 120, 64 fueron capturadas a lo largo del año 2020 y que 31 son excarcelados nuevamente recapturados. Además, mencionó que “la mayoría de reos de conciencia se encuentran en el Sistema Penitenciario La Modelo”.
Feminicidios y ataques al periodismo independiente
También evidenció que ocurrieron 71 femicidios durante el 2020 y que “en muchos de los casos las mismas mujeres mujeres asesinadas o sus familias habían puesto las denuncias ante la Policía Orteguista, pero estos nunca tomaron alguna acción”, se expuso en el informe.
Igualmente se registraron más de 943 ataques al periodismo independiente entre julio y diciembre de 2020.
Ante esa situación el informe precisó que “la libertad de expresión, información y prensa continúan restringidas en el país. Las intimidaciones, las amenazas, las judicializaciones ilegales, los robos de equipos, los registros sin orden judicial y las retenciones arbitrarias se han convertido en asuntos cotidianos para las y los periodistas independientes”
Ataques a la Iglesia Católica
Por otro lado, el informe contabilizó más de 50 ataques a la iglesia católica, entre los que se registran profanaciones y amenazas de muerte contra sacerdotes críticos al régimen. Señalando como el más grave el incendio a la capilla de la Divina Misericordia en la Catedral capitalina.
En adición, criticó la “retórica de odio” que utiliza Rosario Murillo, la designada vicepresidenta, para incitar a que sus simpatizantes políticos acosen, intimiden y ataquen físicamente contra el clero católico, la feligresía y los lugares de culto.