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CIDH demanda al gobierno de Nicaragua informe sobre la situación del Cenidh

La CIDH llama al régimen de Daniel Ortega a que presente sus observaciones conforme al artículo 30 (3) de su reglamento. Cortesía

La CIDH llama al régimen de Daniel Ortega a que presente sus observaciones conforme al artículo 30 (3) de su reglamento. Cortesía

El gobierno de Nicaragua debe presentar un informe a la CIDH sobre la situación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en un plazo de tres meses.

En este informe el régimen de Daniel Ortega debe abordar sobre la situación del Cenidh, como la ocupación ilegal de sus instalaciones y la cancelación de su personería jurídica.

“La CIDH nos informó que ha notificado al Estado de Nicaragua, para que rinda un informe en un plazo de tres meses, prorrogable hasta un máximo de cuatro meses, respecto de la petición que le presentamos, sobre la cancelación de la personalidad jurídica y ocupación de nuestras sedes”,

dijo en una entrevista a EFE, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.

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Acciones represivas

La Secretaria Ejecutiva de la CIDH recibió la petición el pasado 14 de mayo del 2020, por parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil). Ambas organizaciones responsabilizan al Estado nicaragüense por las acciones en su contra, como la confiscación de sus oficinas y la cancelación de la personería jurídica.

Hasta este momento, está situación continua sin respuesta.

“Interpusimos dos recursos de amparo y uno por inconstitucionalidad, la Policía confesó que lo hizo por órdenes del Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia no resolvió, por agotamiento de recursos, el 14 de mayo de 2020 se hizo la petición a la CIDH, que respondió en un plazo corto para el organismo”,

explicó Núñez.

El Cenidh es una de las organizaciones más críticas a la dictadura Ortega-Murillo, al cual ha denunciado de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, informó sobre una de las agresiones más graves en su contra, como la ocurrida el pasado 29 de enero del 2021 cuando trabajadores del gobierno dictatorial comenzaron trabajos de “demolición” en las instalaciones confiscadas de manera ilegal.

La petición inicial es el primer paso en un proceso que busca llevar a juicio al Estado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Nicaragua forma parte por su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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