La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó un informe en el que afirma que “el Gobierno no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos” cometidos desde abril de 2018.
Este informe abarca desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2929 y será presentado por la Alta Comisionada y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos mañana 25 de febrero.
El documento expuso que “fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”.
https://platform.twitter.com/widgets.jsEl hecho de que el Gob. de #Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de #DDHH ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones – informe al @UN_HRC
— OACNUDH (@OACNUDH) February 24, 2021
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Informe de la OACNUDH desmiente al Gobierno
Por otro lado, el informe desmintió al Gobierno, quien afirma que no se han producido ataques o actos de intimidación contra los defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios, periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
“Sin embargo, a finales de 2019 y a lo largo de 2020, la OACNUDH documentó 83 casos de persecución, acoso y amenazas contra esos actores de la sociedad civil, en particular estudiantes, campesinos y defensores de derechos humanos, incluidas personas miembros de organizaciones de víctimas y de mujeres”, indicó el informe.
Además, el informe señaló que “la OACNUDH ha recibido denuncias sobre falta de atención médica adecuada y oportuna, así como de tortura y malos tratos” que afectaron a al menos 110 personas detenidas artitrariamente por participar en protestas o colaborar con grupos de la oposición.
Incluso mencionó que 13 de esas personas permanecen detenidas desde 2018.
“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, dijo Michelle Bachelet con respecto a los presos políticos
La aprobación de recientes legislaciones son preocupantes
Por último, el informe destacó que una de las principales preocupaciones se debe a la aprobación de las recientes legislaciones, entre las que destacó la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Defensa de los Derechos del Pueblo, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Ya que estas podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones.
Igualmente, el informe mencionó la reforma a la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados “delitos de odio”, y la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención.
“Aunque me alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del Gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a la destrucción causada por los dos huracanes, lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país”, expresó Bachelet.
“El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, finalizó la Alta Comisionada.