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Cronología e ilegitimidad de origen y de ejercicio en el poder político en Nicaragua.

Séptimo Informe de Urnas Abiertas:

El observatorio ciudadano Urnas Abiertas presenta en su séptimo informe una cronología de hechos que confirman la ilegitimidad de las próximas elecciones en Nicaragua. También, un análisis que demuestra la ilegitimidad de origen y de ejercicio en el poder político en Nicaragua:

El detrimento de la legalidad y la falta de independencia entre los Poderes del Estado ha conllevado a que tanto las instituciones, como las leyes y las estructuras coercitivas del Estado les sirvan únicamente a los intereses de la familia de gobierno.

Cronología de unas elecciones ilegítimas

La legitimidad es uno de los principales elementos del poder político, desde la aprobación de la reforma electoral, en mayo de 2021, el Gobierno de Nicaragua ha cometido acciones que evidencian la ausencia de voluntad para garantizar las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado. Las reformas aumentó las causales para inhibir a partidos y candidaturas, además habilitó más poderes a la Policía Nacional y restringió las libertades de asociación, reunión, manifestación y opinión.

Entre el 18 de mayo y el 6 de agosto fueron eliminados los tres partidos políticos de oposición que prometían la revancha a Daniel Ortega en las urnas. Hasta el 30 de agosto se han registrado 35 personas detenidas arbitrariamente en el marco de la persecución judicial emprendida por el gobierno, con el objetivo de eliminar toda competencia electoral, se usa principalmente el derecho
penal del enemigo. La cronología se puede visitar en: https://urnasabiertas.com/la-cronologia-de-unas-elecciones-ilegitimas/

Ilegitimidad de origen y de ejercicio en el poder político en Nicaragua

Nicaragua no contaba con una Ley Electoral que garantizara condiciones para unas elecciones competitivas, transparentes y democráticas. Por más de cinco años, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y movimientos civiles exigieron socialmente reformas que redujeran los márgenes para unas elecciones fraudulentas e impidiera la hegemonía del régimen orteguista y organizaciones afines. Apenas faltando seis meses para los comicios, fue aprobada una nueva reforma a la Ley Electoral totalmente contraria a las demandas de la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional.

El detrimento de la legalidad y la falta de independencia entre los Poderes del Estado ha conllevado a que tanto las instituciones, como las leyes y las estructuras coercitivas del Estado les sirvan únicamente a los intereses de la familia de gobierno. Los niveles de corrupción son tan elevados que no existe prevalencia de la legalidad y respeto por los principios fundamentales de justicia que deberían regir a una democracia contemporánea. También, existe un grave problema con el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales.

Otras acciones que deslegitiman el ejercicio del poder político del gobierno de Ortega, podrían mencionarse: Cooptación del Poder Electoral, Fraudes electorales, Cooptación del Poder Legislativo a través de procesos electorales fraudulentos, Cooptación del Poder Judicial, Persecución a periodistas, antes y después de 2018, Reelección presidencial inconstitucional, inmediata e indefinida, Construcción de un Estado familiar nepotista, Control de la Policía Nacional, Control del Ejército de Nicaragua, Desviación de fondos cooperación internacional, Eliminación de la libertad de cátedra, Crímenes de lesa humanidad, Persecución política,
represión policial y asedio, y Excesivo uso de la fuerza.

Toda esta serie de acciones que rompen con el contrato social basado en la definición del Estado como una entidad Social de Derecho, eliminan toda señal de legitimidad, por categoría de ejercicio, en el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, entonces, carece de legalidad y legitimidad de origen y de ejercicio, lo que pone a Nicaragua en una crisis grave de soberanía. La sociedad nicaragüense no es capaz de participar libremente en un proceso que le permita elegir a sus representantes políticos, definir sus marcos legales y sus normativas internas, ejercer su libre derecho a la libertad de expresión y participar activamente en ningún proceso político que no
cuente con la aprobación del gobierno. El régimen nicaragüense, al no contar con legitimidad, no cuenta con el derecho que la ley le confiere de hacer valer la soberanía nacional.

Violencia política

Entre el 16 de julio y el 15 de agosto de 2021 se registraron 214 hechos de violencia política en el contexto electoral, como se indica en el capítulo III.
Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 se han cometido 1.375 hechos de violencia política en el contexto electoral.
Tal como se advirtió en informes anteriores, la represión focalizada contra integrantes de organizaciones sociales o políticas podía variar a medida que avanzaran las actividades previstas en el calendario electoral. Aunque las víctimas varían, la violencia ejercida en este período tiene como objetivo eliminar la competencia electoral, así como restringir los derechos políticos de las y
los nicaragüenses que se oponen al gobierno.

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