En vísperas de las votaciones presidenciales 2021 en Nicaragua, organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas independientes unen sus voces para demandar garantías esenciales para ejercer el ejercicio de la prensa libre en Nicaragua.
Nueve organizaciones encabezan fuerte pronunciamiento en contra de las violaciones a los derechos de los hombres y mujeres de prensa en los últimos tres años, en los que el regimen de Daniel Ortega intensificara la embestida en contra de ONG´s, periodistas y críticos en el pais.
“expresamos nuestra preocupación por los últimos acontecimientos que limitan el libre ejercicio de la prensa, y el recrudecimiento de violación a la libertad de expresión, incluyendo las negativas a fuentes de información para conocer e informar sobre el proceso electoral y votaciones a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua, cuando no existe ninguna condición que permita que el proceso electoral sea justo, libre y transparente” cita el pronunciamiento.
A escasos cuatro días en las que celebren las elecciones mas cuestionadas en la ultima década, esta organizaciones exponen mas violaciones a la larga lista de violaciones a periodistas nicaragüenses
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a) Cancelación de la personalidad jurídica de más de 50 organizaciones no gubernamentales. Muchas de ellas, ante la falta de información estatal sobre los efectos de la pandemia de Covid-19, eran fuentes primarias de información para los periodistas independientes; mientras que otras además brindaban asistencia médica y educación sanitaria a la población nicaragüense.
b) Judicialización de la labor periodística. Desde que la Fiscalía inició un juicio en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también se inició una ola de intimidación en contra de periodistas, dueños de medios y creadores de contenido periodístico en la que la Fiscalía amenazaba y cuestionaba la labor periodística independiente. La judicialización de periodistas independientes y otros trabajadores del sector, busca silenciar a quienes confrontan al poder y se esfuerzan por llevar información independiente pese a la inseguridad, la negativa de acceso a la información pública y el acoso y hostigamiento al que se exponen.
c) Asedios y allanamientos. Esta ha sido una de las formas más comunes de intimidación ejecutada por policías y paramilitares en contra de periodistas, en la que, además, también se ven afectados los familiares de los comunicadores, incluidos menores de edad. En muchas oportunidades se les ha negado el derecho al trabajo al impedirles salir de sus viviendas.
d) Nueva ola de exilio masivo de periodistas. Ante la escalada y recrudecimiento de la violencia estatal, para muchos comunicadores la migración sigue siendo la única alternativa para salvaguardar su vida, su libertad personal y su integridad física. Hemos conocido que entre mayo y octubre al menos 40 periodistas se han visto forzados a abandonar el país para resguardar su seguridad y la de los suyos. Para muchos es la segunda vez que deben exiliarse desde que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en 2018.
e) Retención migratoria y despojo de pasaportes. La Dirección General de Migración y Extranjería ha despojado arbitrariamente a una decena de periodistas independientes de sus pasaportes y además les ha impedido salir del país sin ninguna explicación válida.}
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f) Campañas de estigmatización en redes sociales. Periodistas en distintos departamentos de Nicaragua han sido expuestos en redes sociales con comentarios denigrantes luego que estos acudieron a los centros asistenciales para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Recientemente se conoció que Facebook eliminó más de mil cuentas vinculadas al gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, las cuales estarían activas desde 2018 y buscaban influir la opinión pública en contra de las voces críticas.
Las organizaciones reiteran el respaldo a los periodistas independientes de Nicaragua, y denuncian los atropellos a la libertad de prensa y libertad de expresión que se han dado desde el estallido de la crisis sociopolítica que se agravó con la pandemia de la Covid-19.
Firman el pronunciamiento: Acción Penal, AMARC-ALC, Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, IFEX-ALC, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), PEN Internacional, Voces del Sur.