Desde que el regimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, iniciaron las detenciones arbitrarias en contra de periodistas, críticos, aspirantes a la presidencia, empresarios, académicos y cualquiera que se atreviera a alzar su voz, la situación de democracia y justicia e el pais empeoró y a las cárceles del pais, iniciaron a llenarse de presos políticos.
Una Nicaragua que arrastra más de cuatro años de crisis sociopolítica, económica y desde el 2020 sanitaria, continua sujeta al “va y ven” de los “juicios fabricados” para opinión de expertos en el tema.
Este lunes 31 de enero, el Ministerio Público anunció que a partir de este 01 de febrero 2022, iniciaran los juicios orales y públicos “de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial y aquellos que se encuentran con arresto domiciliar” cita el comunicado que se ubica en el sitio web de dicha institución.
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Las presas y presos políticos serán procesados bajo la ley 1055 : LEY DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO A LA INDEPENDENCIA, LA SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN PARA LA PAZ, que esta compuesta por dos artículos. Uno aborda:
Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos
terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia
extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”
Mientras que el articulo numero dos habla sobre la vigencia de la cuestionada ley.
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, las y los presos políticos han reincidido y atentado en contra de los derechos del pueblo y la sociedad Nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad.