Al menos 18 personas fallecieron este lunes en el sur de Perú durante choques entre la policía y manifestantes que exigían la convocatoria de nuevas elecciones y la liberación del destituido exmandatario Pedro Castillo.
Las muertes se produjeron cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada en el departamento de Puno.
En un principio la Defensoría del Pueblo de Perú informó de 9 fallecidos, cifra que horas más tarde fue incrementada a 18. El martes el Ministerio del Interior informó de la muerte de un agente de policía al que prendieron fuego los manifestantes.
El primer ministro, Alberto Otárola, anunció este martes la imposición de un toque de queda en Puno que regirá durante tres días entre las 8pm y las 4am.
Con estas muertes el número de fallecidos se acerca al medio centenar durante las protestas desatadas en Perú desde diciembre tras la destitución y detención de Castillo, quien en la actualidad se encuentra en prisión bajo una orden de detención preventiva por 18 meses mientras enfrenta un juicio por el delito de rebelión.
Las protestas continuaron este martes con movilizaciones en diferentes puntos del sur del país.
La de este lunes fue, con diferencia, la peor jornada de protestas registrada hasta la fecha, desde el punto de vista del número de víctimas mortales.
En una declaración ofrecida la noche de este lunes, el primer ministro, Alberto Otárola, lamentó las muertes ocurridas en Puno, pero resaltó que unos 2.000 manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, para lo cual atacaron a la policía y a las Fuerzas Armadas.
“Fue un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de actividades violentas contra instituciones de Puno”, señaló.
Otárola debía viajar este martes a Puno una delegación de alto nivel para dialogar con los manifestantes.
Castillo fue destituido por el Congreso de Perú el pasado 7 de diciembre a través de una moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral”.
Horas antes de su destitución, el mandatario había decretado la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de excepción que, según anunció en una alocución televisada, gobernaría por decreto.
Desde el inicio de las protestas, grupos de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de usar armas de fuego para hacer frente a los manifestantes, así como de lanzar bombas de humo desde helicópteros.
Por su parte, el Ejército ha señalado a los manifestantes de usar armas y explosivos caseros.
La destitución de Castillo levantó una ola de protestas que se calmaron durante las semanas festivas de diciembre, pero que se reiniciaron después del año nuevo.
Entre sus demandas, los manifestantes también exigen la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y cambios a la Constitución.
Fuente: BBC NEWS