Por Republica 18

Líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe Sur de Nicaragua denunciaron este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que el régimen de Daniel Ortega ha usurpado el 93% de su territorio.

Los demandantes aseguran que, desde el año 2011, la dictadura ha desobedecido el proceso que llevaría a cabo la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) en el Caribe Sur, imponiendo la expropiación de territorios ancestrales mediante la Ley del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (Ley 800).

La denuncia se realizó este jueves 2 de febrero durante la «Audiencia Pública en el Caso Pueblos Rama y Kreol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros contra el Estado de Nicaragua».

Según Dolene Miller, mujer afrodescendiente y defensora de derechos de la Costa Caribe, durante el año 2012 la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista conformó la Comisión del Gran Canal Interoceánico lo que procedió a frenar el proceso de demarcación de los territorios indígenas y afrodescendientes.

El año siguiente, en 2013, los líderes de los pueblos indígenas y afrodescendientes se reunieron con el secretario político de la Costa Caribe, quien les propuso un nuevo proceso de demarcación que no afectara la construcción del Canal Interoceánico. La propuesta fue rechazada por los comunitarios.

Indígenas afrodescendientes Corte IDH
La defensora de los pueblos de la Costa Caribe, Dolene Miller, durante su intervención durante la audiencia inicial ante la Corte IDH

De igual manera, desde 2013 hasta la fecha, no se ha realizado ningún movimiento de tierra, ni se ha contratado al personal especializado requerido para la construcción del mega proyecto que estaría a cargo del empresario chino, Wuang Jing, quien fue sancionado en 2021 por la bolsa de valores de Shangai, en China.

La afectación para indígenas y afrodescendientes «fue enorme»

Para Miller «la afectación fue enorme», pues asegura que el régimen habría «cercenado el 93% del territorio» que las comunidades originarias y afrodescendientes han reclamado históricamente. Esto consecuentemente ha propiciado la invasión y depredación de esa zona por parte de colonos.

La lideresa relata que la dictadura de Ortega solo permitió la demarcación de un 7% del total del territorio que se había dispuesto a demarcar, lo que representa 151 mil hectáreas de tierra. Pese a que lo acordado fue la demarcación de 2 millones de hectáreas.

«Es en este momento cuando la comunidad se preocupa porque el mensaje del secretario político era que se desistiera del proceso de demarcación, porque ese proceso ya se había realizado», agregó Miller.

Los demandantes estiman que el número de personas afectadas con la usurpación de sus tierras asciende a más de 200 mil, entre los pueblos Rama y Kreol, Monkey Point y la comunidad negra creole indígena de Bluefields.

CIDH: régimen incumplió su deber

Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron durante la audiencia que, desde el año 2013, Daniel Ortega a través del Consejo Nacional Autónomo de la Costa Caribe Sur, se negó a reconocer la elección de las autoridades de pueblos y comunidades del Caribe.

Al mismo tiempo, el régimen promovió gobiernos paralelos para incentivar y reconocer a otras personas que no fueron elegidas de forma tradicional, lo que generó un gran impacto en la organización política y social de estos pueblos.

«A la fecha, los pueblos y las comunidades siguen reivindicando el reconocimiento de sus legítimas autoridades y la protección de sus territorios ancestrales», agregaron.

La CIDH consideró que las acciones del Estado relativas a la falta de certificación de autoridades tradicionales de los pueblos y la comunidad, constituyeron una violación a su derecho de autonomía y autogobierno como expresión de la libre determinación.

De igual manera, la CIDH identificó que la dictadura incumplió su deber de saneamiento, puesto que existen hasta la fecha grupos de colonos dentro de los territorios ya titulados.

La Comisión Interamericana consideró que el régimen no garantizó el derecho de consulta previa, libre e informada frente a la planeación del proyecto del Gran Canal Interoceánico.

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