La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) reclamó a los miembros de la Coalición Nacional que respeten los espacios que los jóvenes de Nicaragua “se ganaron” en la Rebelión de Abril en 2018, al mismo tiempo que presentó una propuesta de agenda, cuyo objetivo es redefinir el rol de las universidades en el país.
Katherine Ramírez, de la Coordinadora Universitaria, señaló que como estudiantes y jóvenes no están pidiendo espacios políticos. “Nos lo hemos ganado desde el 2018, porque fuimos los actores claves para el estallido social. Hoy vemos todas estas iniciativas de cambios políticos en el sistema de Nicaragua, gracias a que muchos de nosotros decidimos salir a las calles a protestar contra lo que creímos que no estaba bien”, reclamó.
Los jóvenes de la CUDJ, quienes pertenecen a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), propusieron el pasado el 14 de julio que el sector juvenil tenga cuatro votos dentro de la Coalición Nacional, ya que la propuesta de la organización es que los jóvenes estén en un mismo espacio con las juventudes de los partidos políticos.
“Solo un joven y un estudiante pueden representarnos, nadie más. Exigimos estos espacios que nos los hemos ganado, porque hemos demostrado a la sociedad nicaragüense que somos capaces de asumir responsabilidades y asumir que en este país, los jóvenes vamos a cambiar la historia”, reclamó Ariel Sotelo.
Actualmente, dentro del Comité Nacional de la Coalición Nacional, los jóvenes solo tendrían derecho a un voto y tres representantes. Sin embargo, también los jóvenes agrupados en la Alianza Cívica han reclamado que a ellos se les limita a un voto, mientras los partidos políticos tradicionales tienen un voto cada uno.
La “Agenda Común” de los jóvenes en Nicaragua
La llamada Agenda Común Universitaria, presentada en ocasión del Día Nacional del Estudiante Nicaragüense, este 23 de julio, busca recuperar la autonomía de los centros de estudios superiores con respecto al Gobierno, elevar la calidad de la educación, garantizar transparencia en el presupuesto y lograr que las universidades aporten de manera efectiva al desarrollo del país.
En sus primeros puntos, dicha agenda establece el fortalecimiento y promoción del sistema universitario a través de una reforma a la Ley 89, de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que garantice un modelo educativo integral; reclama “máxima transparencia” en acciones y manejo del presupuesto, así como la defensa de las demandas estudiantiles, y equidad de acceso a la educación, además de políticas con alto contenido de valores éticos y humanísticos.
En la agenda también se plantea mejorar la calidad de la educación y garantías de libre pensamiento, mayor apoyo a investigaciones para el desarrollo humano y la internacionalización de las universidades para que los estudiantes aspiren a conocimientos de otros países.
Además se reclama una “justicia transicional para alumnos que han sufrido detención arbitraria, fueron expulsados de sus centros por criticar al Gobierno, o debieron huir al exilio”.
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