Fundación del Río denunció este 24 de agosto que el régimen de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), confiscaron seis áreas que forman parte del patrimonio de la organización.
“Esta acción de confiscación del gobierno de Ortega representa una nueva violación a la constitución política y a los derechos humanos como la libertad de Asociación y el derecho a la propiedad privada”, dijo la organización desde su sitio en Facebook.
Se tomaron seis propiedades
Las propiedades son seis en total y se ubican en los municipios El Castillo y San Carlos, del Departamento de Río San Juan.
Las seis propiedades de la Fundación del Río suman 454 manzanas de bosques, cuatro de ellas son reservas privadas y en una de ellas se ubica una radio comunitaria.
Las reservas privadas son El Quebracho, Aguas Frescas y Lapa Verde, ubicadas en el municipio El Castillo.
Confiscación de hecho, dice Fundación del Río
También están la Estación Biológica de Mancarroncito, ubicada en la Isla Solentiname, en San Carlos y las cuatro fueron ocupadas por las autoridades, además de dos terrenos rurales donde estaban oficinas de la Fundación y la radioemisora Voz Juvenil.
Amaru Ruiz, presidente de la organización, confirmó la confiscación de hecho, pese a un proceso jurídico en curso desde que la Asamblea Nacional canceló su personalidad jurídica en represalia por su posición crítica en diciembre del 2018.
“En esos municipios teníamos áreas de conservación y áreas donde estaban nuestras instalaciones, todo eso está inscrito legalmente a nombre de la Fundación del Río. Lo que ellos (Marena y la PGR) están haciendo es confiscando por la vía de los hechos”.
Llega policía sancionada y ponen bandera FSLN
“No sabemos si ya establecieron un procedimiento legal, pero ocuparon (las seis propiedades): Marena llegó con la Policía, se instaló, empezó a poner rótulos, a poner banderas, y todo esto, según ellos por decisión de la Procuraduría General de la República”, explicó Ruiz.
Según la denuncia de Ruiz, la confiscación inició en julio cuando funcionarios del Marena con agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía sancionada llegaron a tomar posesión de las propiedades, donde instalaron rótulos y banderas de Nicaragua y del gobernante partido FSLN.