De dos a cinco años de prisión se condenará a quienes, a criterio de la dictadura Ortega-Murillo, propaguen noticias “falsas” en redes sociales y medios de comunicación.
Es lo que pretende la Ley Especial de Ciberdelitos propuesta por diputados sandinistas en la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional.
La represión sigue escalando
De ahora en adelante, será un delito quién opine diferente y critique al gobierno de Ortega y Murillo, ya que la iniciativa de ley considera que cualquier información considerada no oficial será sujeta a ser investigada.
Esta mañana, 28 de septiembre a las 9:00 a.m. fue presentada la Ley Especial de Ciberdelitos que pretende criminalizar a toda persona opositor(a), prensa, medio de comunicación independiente, etc. que difunden información y sea catalogada como falsa.
“Quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”.
También, parte del comunicado reza que si la información “falsa” ocasiona daño al “honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días multa”.
Iniciativa de Ley presentada ante la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional por diputados sandinistas.
Ley contra los periodistas
De esta manera, orteguistas y propagandistas Ortega-Murillo se resguardaran bajo esta norma, para criminalizar a los opositores, periodistas, medios de comunicación, entre otros; dijo el abogado de la organización de Derechos Humanos en Costa Rica, Gonzalo Carrión.
La penalización contra personas que opinen en contra del régimen, ya tiene antecedentes como el caso del joven Kevin Monzón Mora; quien se dedicaba a crear videos en la red social Tik Tok donde protestaba.
Posteriormente, fue detenido y acusado por el delito de “amenazas con armas”.
También, la periodista Kalúa Salazar fue acusada y sentenciada, por el supuesto delito de “calumnia”, en perjuicio de tres ex trabajadoras de la Alcaldía de El Rama.
