El dictador Daniel Ortega dictó la “Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025” (ENC) en el Decreto Presidencial 24-2020 emitido por el régimen de Nicaragua y publicado hoy 29 de septiembre en el Diario Oficial La Gaceta.
Según el artículo dos del Decreto, la ejecución de la “Estrategia” estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Instituciones que trabajarán conjuntamente para la elaboración de un “Plan de Acción”.
Este hecho se desarrolló en el marco de la polémica iniciativa de “Ley especial de Ciberdelitos” propuesta por diputados sandinistas el día 28 de septiembre.
Esta nueva iniciativa ha sido tomada por la ciudadanía como una forma de censura y coacción de la libertad de expresión en las redes sociales y plataformas online.
La ENC nace para la “minimización de riesgos” ante amenazas cibernéticas. Y con ello, “contribuir a la promoción del ciberespacio seguro y confiable dentro del territorio nicaragüense en el marco de la Política de Seguridad Nacional”.
Principios rectores
La ENC está establecida en cuatro principios rectores:
- a) Garantía de la Soberanía y Protección de los Derechos de los ciudadanos en el Ciberespacio. Este principio buscará crear “las condiciones para el uso soberano, seguro, responsables, libre y confiable”
- b) Gestión de Riesgos y Capacidad de Resiliencia. El segundo principio intentará “resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad”
- c) Protección y Defensa del Ciberespacio- El tercer principio potenciará “las capacidades técnicas, orientadas a la protección del ciberespacio”.
- d) Desarrollo de Alianzas y Colaboraciones Nacionales e Internacionales. El último principio promoverá “la articulación y cooperación entre las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales” para consolidar la ENC.
No obstante, el Decreto ha sido criticado por la ciudadanía nicaragüense y personalidades abiertamente opositoras.
“Es obvio que hay, con estas iniciativas, la intención de censurar a los ciudadanos en las redes sociales y a los medios de prensa bajo la amenaza de cárcel y confiscación de los medios con los cuales se comunican, se conectan”
Declaró el ex vicecanciller José Pallais en una entrevista a la AFP.
De igual modo, organizaciones de Derechos Humanos como el Cenidh, CPDH, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas y otros, han calificado las acciones de Ortega y Rosario Murillo como violatorias de la Constitución Política, en sus conceptos de libertad de expresión y otras libertades públicas.