Ana Julia Guido, fiscal general de la República, Paul Oquist Kelley ministro-secretario privado para Políticas Nacionales y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna) son los nuevos agregados a la lista de sancionados por los Estados Unidos, este viernes nueve de octubre.
Nuevamente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dejó caer su peso sobre los cómplices del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En esta ocasión las sanciones se dictaron en el marco del trío polémico de leyes mordazas que la dictadura de Nicaragua pretende aprobar. A fin de emplearlas como herramientas legales que criminalizan la libertad de expresión y de prensa.
Asimismo, las sanciones estadounidenses se agregaron luego de que el Parlamento Europeo también aprobó una resolución que sumarán otras sanciones al Estado de Nicaragua.
Las sanciones
Las sanciones se dieron a conocer a través de una publicación oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC), en la página web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bajo la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”
En un segundo comunicado oficial, estas nuevas sanciones se refirieron como “un esfuerzo por apuntar a operaciones financieras clave y funcionarios gubernamentales que continúan socavando la democracia de Nicaragua”.
Por su parte, el comunicado recogió declaraciones del secretario Steven T. Mnuchin, quien explicó que “El régimen de Ortega continúa abusando de los recursos del gobierno para beneficio personal de sus miembros e ignora los llamados de reforma del pueblo nicaragüense”.
Mnuchin agregó también que la “Administración sigue comprometida con atacar al régimen de Ortega buscando y exponiendo a quienes facilitan su flagrante corrupción”.
El resultado de la aplicación de las sanciones concluye en que todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas.
Además, también bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta del 50% o más de dichas personas.
En total, la lista de sancionados acumuló 24 funcionarios y operadores de la dictadura y ocho empresas.
Las razones de las sanciones individuales
Los argumentos usados contra Ana Julia Guido la expuso como una funcionaria que formó un grupo de fiscales para trabajar con la Policía Nacional y “fabricar casos contra presos políticos y sus familias”.
El comunicado también informa como Guido pasó los dos últimos años presentando cargos contra presos detenidos por protestar pacíficamente.
Entre esos casos, resaltó el caso de los jóvenes aguadores. Quienes fueron detenidos por entregar agua a las madres víctimas del régimen orteguista que estaban en huelga de hambre en Masaya a finales de 2019..
Por otro lado, a Paul Oquist se le acusó de jugar un papel principal “en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos a los derechos humanos”.
Asimismo, Oquist fue señalado por defender el caso de los Ortega a nivel internacional “con un flujo incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen”.
De forma que Guido y Oquist se agregaron a la lista de sancionados por los Estados Unidos de América.
Contra Caruna
Finalmente, se sancionó a Caruna por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material tecnológico, bienes o servicios en apoyo de Banco Corporativo. Entidad que también ha sido sancionada con anterioridad.
El comunicado recordó las irregularidades realizadas entre transacciones de Caruna y Bancorp para evitar pérdidas a causa de las mismas sanciones.
“Caruna ha servido como una herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa) $2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito”, detalló el comunicado.
De igual forma, el comunicado asegura que Caruna ha fungido como fondo de recursos económicos para mantener al régimen de Ortega en el poder y pagar su red de mecenazgo.
Ello aprovechando que se trata de una institución financiera que no está sujeta a la supervisión regulatoria tradicional. Motivo que le abrió el espacio para que funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC puedan “invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas” manifestó el comunicado.