Juan Carlos Ortega Murillo, presidente ejecutivo, Canal 8. Cortesía

Canal 4 y Canal 8, medios de comunicación oficialistas y propiedad de la familia Ortega-Murillo, evaden impuestos desde 2010 según informó la agencia internacional de noticias Reuters.

La investigación de la agencia señaló a través de un reportaje, cómo los hijos de Daniel Ortega y aliados estratégicos controlan al menos una docena de medios de comunicación en televisión, radio y portales digitales.

Medios con los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo afirman su poder y discurso político en Nicaragua.

Evasión de impuestos

Además, Reuters encontró en documentos de la Dirección General de Ingresos (DGI), la agencia tributaria en Nicaragua, que Canal 8 debe al menos unos cuatro millones de dólares en impuestos e intereses desde 2010, año en que asumió el cargo Juan Carlos Ortega, el sancionado hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, también sancionada por corrupción y violación de derechos humanos.

Igualmente, “Canal 4, el canal sandinista administrado por Daniel Edmundo Ortega, debe alrededor de 380,000 dólares en impuestos atrasados”

señaló Reuters sobre otro de los hallazgos en los los documentos oficiales.

Las evasiones de impuestos se dan pese a que los medios propiedad de la familia Ortega-Murillo y algunos aliados sandinistas, se tragan un millonario pastel publicitario de fondos públicos que termina en bolsillo de allegados al régimen.

Por su parte, el ex procurador general, Alberto Novoa a Reuters dijo que “si se respetara el Estado de Derecho, aquí habría acusaciones penales y demandas civiles, con personas arrestadas y empresas cerradas o confiscadas”, refiriéndose a las violaciones tributarias sostenidas en los últimos diez años por los medios afines al Gobierno de Ortega.

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Adquisición ilegal

Asimismo, Reuters explicó que según declaraciones de abogados y expertos en la materia, la compra y adquisición de Canal 8 violó una ley que prohíbe la propiedad extranjera de los medios de comunicación nicaragüenses.

Ello porque “algunas de las adquisiciones, incluido el trato de Canal 8, fueron financiadas al menos en parte, con fondos proporcionados por el gobierno socialista de Venezuela”,

dijo Reuters luego de entrevistar a empleados actuales y anteriores, así como personas familiarizadas con los medios de comunicación en cuestión.

De forma que la compra-venta de este medio de comunicación estuvo sujeto a la violación del Artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece que: “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará esta materia”.

Embargo a Canal 12

“Al no pagar impuestos, dijeron los abogados, Canal 8 podría estar violando las leyes fiscales de Nicaragua, normas que Ortega ha usado para confiscar activos de medios rivales”

se leyó en el reportaje, haciendo referencia al embargo realizado al medio independiente, Canal 12.

La televisora privada propiedad de Mario Valle, fue embargada por la DGI por 28 millones de córdobas.

En una entrevista a una radio local Valle declaró: “no debemos nada”; el medio en un comunicado oficial calificó las acciones como “ilegales y arbitrarias”.

De acuerdo con activistas de derechos humanos y organizaciones extranjeras, el acaparamiento de gran parte de los medios de comunicación abonó a la conversión de una Nicaragua “autocrática”.

Finalmente, este embargo también viola la Carta Magna, que en el mismo Artículo 68 define que:

“Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”.

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