Fundación del Río y Fundación Popol Na publicaron ayer 16 de diciembre el informe “Análisis de la Libertad de Asociación en Nicaragua”.
El informe recopila información desde el 2007 hasta el actual 2020. Además cuenta con 53 páginas en las que se documentaron “las graves violaciones a derechos fundamentales, como el derecho de asociación“.
Cabe señalar que Fundación del Río Y Fundación Popol Na son dos organizaciones víctimas del régimen de Daniel Ortega quien ordenó la confiscación de bienes y la cancelación de la personería jurídica.
Proceso de deterioro de la libertad de asociación
El informe señaló que el proceso de deterioro de la libertad de asociación en Nicaragua se presenta en cuatro etapas.
La primera etapa se relaciona con las “presiones estatales que los gobiernos venían ejerciendo para silenciar las voces surgidas desde las dinámicas asociativas en el país” señaló el informe. El periodo que marca esta etapa va desde 2007 al año 2010.
Asimismo, la segunda “se caracteriza por las violaciones a los derechos sociales y políticos de los movimientos sociales” se agregó en el documento. Esta etapa inició en 2011 y terminó en 2015.
Igualmente, la tercera se vincula a la “utilización de instituciones del Estado para negar, sin ninguna justificación legal, derechos establecidos jurídicamente, como las certificaciones, presiones a financiadores internacionales, prohibición a los gobiernos locales a trabajar con nuestras organizaciones, vigilancia y asedios policiales culminando con la cancelación de la personería jurídica de nueve organizaciones sin fines de lucro sin ninguna base legal y sin debido proceso” expuso el informe nuevamente. Esta etapa se comprende desde 2016 hasta 2018.
Finalmente, una cuarta etapa “incluye acciones para normar, controlar, limitar o impedir las diversas formas asociativas, a través de regulaciones que permiten la discrecionalidad absoluta del Ejecutivo”. Esta última etapa se desarrolló en 2019 y continúa hasta la actualidad.
Patrones
Además el informe enumeró algunos patrones que ha sido constante en las cuatro etapas.
Entre ellos enlistó el cierre absoluto de la vía administrativa, en la cual la administración pública dejó de contestar carta alguna.
También se incluyó como patrón la falta de acceso a la justicia. Dado que casi todos los casos de violaciones a la libertad de asociación que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia no han sido fallados.
Ante ese escenario el informe declaró que “es evidente que esta circunstancia no es más que retardación de la justicia producto de la instrumentalización política del poder judicial”.
Por último, el informe que se centró en revisar la situación de la libertad de asociación en Nicaragua, concluyó que “no ha hecho más que continuar deteriorándose“.
Incluso señaló que un claro ejemplo de ello es la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que confiere la libertad legal de realizar espionaje financiero, confiscaciones de bienes y cancelar personerías jurídicas.