ONU, mandato de monitoreo

Con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 en contra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este martes 23 de marzo, una nueva resolución sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos en Nicaragua que amplía el mandato de monitoreo de la situación en el país.

Tercera resolución aprobada

De hecho, la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) informó que esta nueva resolución, refuerza y amplía el mandato de monitoreo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien se encargará de observar y actualizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

De hecho esta resolución es la tercera aprobada después que en Nicaragua explotó la crisis sociopolítica en 2018, situación en la que se continúan vulnerando los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Ante la falta de reformas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, la Alta Comisionada Michelle Bachelet seguirá de cerca la situación de DDHH durante el proceso electoral y presentará al Consejo de Derechos Humanos un informe con recomendaciones antes de finales de 2021”, reafirmó el organismo a través de su cuenta de Twitter.

Asesor sancionado contra la resolución que amplía el mandato de monitoreo

Por su parte, el asesor presidencial sancionado ante la comunidad internacional, Paul Oquist, representó al Estado de Nicaragua y rechazó la resolución sobre la protección y promoción de derechos humanos en el país, por considerarla como “una agresión contra el pueblo de Nicaragua” y una “injerencia en sus asuntos internos”.

Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reiteró el llamado a la administración de Daniel Ortega a liberar a los más de 100 presos políticos y realizar reformas electorales de cara a los comicios de noviembre próximo.

Por último, cabe destacar que esta sesión se llevó a cabo a pocos días de llegar al mes de mayo, mes en el que se vence el plazo máximo para que Ortega implemente las reformas electorales, de acuerdo con la resolución dictada por la Organización de los Estados Americanos (OEA)  en octubre de 2020.

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