A la porra manda el régimen Ortega-Murillo el derecho de asociación en Nicaragua

Redaccion Agenda Propia

A fin de sistematizar las violaciones a la libertad de asociación como herramienta de lucha por los derechos humanos y de construcción de la memoria histórica, la politóloga, abogada y máster en derecho ambiental Mónica López Baltodano, del Grupo Cocibolca y de la Articulación de Movimientos Sociales, AMS, compartió el pasado cuatro del presente mes, la investigación “La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua”, referida las violaciones a este derecho por el régimen Ortega-Murillo, desde el año 2017.

El estudio fue realizado conjuntamente por Fundación Popol Na y Fundación del Río, dos de las primeras organizaciones cerradas arbitrariamente, allanadas y confiscadas. Es a la vez un mensaje a otras organizaciones, que se puede continuar ejerciendo un rol por Nicaragua.

Un primer informe del estudio se presentó a inicios del 2020; fue entregado a 31 embajadas y organismos internacionales, como aporte a la campaña por una navidad sin presos ni presas políticas.

Para sus autores, la investigación es una contribución a la demanda de libertad de más de 181 presas y presos políticos, y la lucha del pueblo nicaragüense por la verdad, la memoria, la reparación y la justicia para todas las víctimas; “con el registro de cada abuso se construye memoria, pero también para que haya justicia en Nicaragua” refiere Baltodano.

Asimismo, es un esfuerzo por romper el silencio que quiere imponer el régimen por todos los medios posibles e impedir que las organizaciones continúen.

De 2017 a febrero 2022, se habían producido 115 agresiones directas a organizaciones civiles. A mayo de 2022, ascendieron a 216 las organizaciones perseguidas políticas, y posiblemente más porque hay 25 nuevas organizaciones confiscadas.

“No solo es una cancelación institucional, significa que esas organizaciones han sido objeto de la estrategia represiva del régimen, y así debe ser entendido por la comunidad internacional, afirmó Mónica López.

El estudio documentó la cancelación de personerías por parte de la Asamblea Nacional, de los registros por el Ministerio de Gobernación y de partidos políticos por el Consejo Supremo Electoral, confiscaciones de facto y allanamientos a locales institucionales por la policía y cierres de cooperativas por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

No solo contempla cancelaciones a las ONG “porque la libertad de asociación incluye una gama de organizaciones, y nuestro papel debe ser mostrar la diversidad de organizaciones que están siendo agredidas por el régimen” agregó Mónica. Por tanto, en la investigación se incluye una diversidad de organizaciones que muestran el desmantelamiento generado por la violación del derecho de asociación, pese a que las confiscaciones están prohibidas en Nicaragua, según al Arto. 44 de la Constitución Política.

De acuerdo al anterior detalle, 139 ONG han sido perseguidas, el 88.5% (123) son nicaragüenses y 16 internacionales (11.5%). Se agregan 15 universidades, ocho nacionales y siete internacionales. En ambos casos, se puede inferir que el régimen tiene reparos con las organizaciones internacionales.

Destacan 17 asociaciones médicas (8%) “que se pronunciaron con contundencia frente a la negligencia en el manejo de la pandemia en Nicaragua, y la repuesta política fue anular su existencia” explicó López Baltodano.

Un total de 27 organizaciones fueron allanadas, ocupadas policialmente y confiscadas de facto. Se tomaron locales, ocuparon bienes, incluyendo personales. “Es lo que se ha conocido públicamente, tenemos la certeza que, si pudiéramos profundizar, estos datos serían mayores” agregó la investigadora.

El estudio refleja además la intensificación del desmantelamiento de la libertad de asociación por año investigado, siendo el período más alto el del presente año, pese a que aún no concluye. 60% de las confiscaciones se ha dado en el 2022, denominadas confiscaciones masivas, y podría finalizar con “una agresión brutal” en palabras de Mónica.

Otros indicadores podrían documentarse en una segunda etapa “porque ha habido múltiples organizaciones que se han visto forzadas a cerrar, aunque no les cancelen su personería, producto de la negativa de sus constancias de cumplimiento y del terror que ha generado el régimen en el país, eso también tenemos que documentarlo, no puede ser solo lo que está formalizado jurídicamente” explicó la activista de derechos humanos. Para poder ejecutarlo tanto Popol Na como Fundación del Río demandan recursos.

El informe contiene igualmente los mecanismos del régimen para reprimir la libertad de asociación, como confiscaciones de facto, violencia policial, detenciones arbitrarias, criminalización de directivos e integrantes de las organizaciones y torturas en cárceles, desplazamiento forzado y exilio, desempleo y pobreza como estrategia represiva, falta de acceso a la justicia e instrumentalización del Poder Judicial, cierre de la vía administrativa, denegación de constancias de cumplimiento, legislación para criminalizar, entre otros. Cada mecanismo se sustenta en los casos documentados.

Régimen reporta al GAFILAT “organizaciones en riesgo”

Mónica López expuso que febrero de 2022 lanzaron una alerta pública porque en el último informe del GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en su IV Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, “quedó documentado que el régimen Ortega-Murillo creó un listado de 1,797 organizaciones a las que llamó “organizaciones en riesgo” de acuerdo a las normativas de dicho organismo. Estas normas fueron creadas para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y en Nicaragua están siendo utilizadas como la excusa para el cierre arbitrario de las organizaciones”.

Agregó López que, de esas 1,797 organizaciones, el régimen clasificó a 208 de ‘alto riesgo’, que pueden ser las más de 200 organizaciones ya cerradas. Pero luego se refirieron a 581 organizaciones de ‘riesgo moderado’ que sin duda están sujetas a control y vigilancia policial e inteligencia del régimen, y más de mil organizaciones son consideradas de ‘bajo riesgo’.

El drama de las personas presas políticas

Mónica López Baltodano reseñó el drama de la situación de las presas y los presos políticos. En la actualidad más 181 personas.

Familiares que les han visto recientemente denuncian que están sometidos no solo a interrogatorios diarios y lo que implica la detención arbitraria, sino a condiciones de deterioro de su salud, por la desatención médica, y porque les están matando de hambre, les han racionado los alimentos. Hay quienes pesan menos de cien libras y gran cantidad ha perdido 50, 60 libras. Les están forzando a un deterioro despótico de su integridad física.  

“El caso de Hugo Torrez es la evidencia. La desatención, la desnutrición y el aislamiento ubican a los presos políticos en una situación que puede llevarlos a la muerte. Nos hemos sumado como Articulación a esa voz de alerta que están haciendo los familiares sobre la gravedad de las condiciones de tortura y el daño irreparable que están haciendo en la vida de estas personas” precisó.

Agregó Mónica que no son solo las personas detenidas en 2021. Marvin Vargas tiene diez años detenido. Es el primer preso político documentado por haberse sublevado en las estructuras del FSLN.

A la fecha de publicación del presente artículo 25 organizaciones más han sido enlistadas como próximas a perder su personería jurídica. A continuación, sus nombres.