La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua mediante un comunicado de prensa publicado la noche del pasado viernes 16 de junio.
El 9 de junio, la CIDH recibió información sobre la publicación del requerimiento realizado por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduría General de la República para formalizar el decomiso de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles de las 222 personas excarceladas y expulsadas arbitrariamente en febrero pasado.
Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país. Como fue señalado por la CIDH, la confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Preocupa también la política arbitraria que mantienen las autoridades respecto del libre ingreso o salida del país de la población.
Por otra parte, preocupa a la CIDH la información recibida sobre nuevas detenciones arbitrarias de personas defensoras, periodistas e integrantes de la iglesia católica.
Las comunidades indígenas en la Costa Caribe también han informado sobre el agravamiento de la represión por detenciones arbitrarias, asedio policial, hostigamiento y la persistencia de agresiones, amenazas y secuestros por parte de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades estatales. Ante la gravedad de la información recibida, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales en el Asunto “Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua” a fin de incluir los pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As, de la Región de la Costa Caribe Norte en Nicaragua.
Finalmente, la CIDH observa que continúa la represión contra los sectores críticos de la iglesia católica nicaragüense. La Policía Nacional ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de diferentes diócesis con motivo de investigaciones relacionadas con “actos de Traición a la Patria”
Ante la persistencia de la represión en el país, la CIDH hace un llamado a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a los Órganos Políticos de la OEA para promover el retorno a la democracia, la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua. Asimismo, urge al Estado nicaragüense a poner fin a la persecución de las personas opositoras políticas en el país y a la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.