Las autoridades colombianas capturaron 24 personas que hacían parte de una red internacional dedicada al tráfico de migrantes, según informó Migración Colombia el martes, a través de un comunicado.
Las personas, capturadas en un operativo simultáneo en ocho ciudades de Colombia, están acusadas de los presuntos delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir agravado, cohecho por dar, cohecho por recibir, cohecho propio, lavado de activos, espionaje y uso de documentos falsos.
Entre los detenidos, se encuentran 19 civiles, cinco militares activos de la Armada de Colombia y un funcionario de Migración Colombia.
La operación conjunta se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre en las ciudades de Bucaramanga, Cartagena, Coveñas, Cúcuta, Maicao, Necoclí, San Andrés y Santa Marta
“Desde Migración Colombia impulsamos firmemente las investigaciones para desmantelar estas redes que violan los derechos humanos de personas y familias vulnerables que ponen en riesgo su vida en busca de un futuro mejor. También respaldamos las investigaciones internas para evitar prácticas irregulares porque no vamos a tolerar ningún hecho de corrupción en la Entidad”, afirmó el director general de Migración Colombia, Fernando García Manosalva.
Según esta entidad, la banda engañaba y transportaba a las personas en condición de migración irregular desde diferentes ciudades de Colombia hasta la isla de San Andrés y el Golfo de Urabá, donde eran hospedados en posadas y hoteles cómplices para luego desplazarse por vía marítima hasta Centroamérica.
Los militares de la Armada, dice Migración, suministraban información sobre la ubicación de las unidades navales que efectúan labores de control marítimo en el área general de San Andrés y Providencia.
El funcionario de Migración Colombia sería el encargado de recibir a los migrantes, “a quienes presuntamente les estampaba sellos falsos para simular su ingreso regular a territorio colombiano, pero omitiendo dolosamente el registro en el sistema migratorio”.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Colombia para continuar el proceso de judicialización. VOA