Era un día como otro cualquiera en el estudio de TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, con su noticiario de media tarde en marcha, cuando pistoleros enmascarados irrumpieron en el plató desatando al menos 15 minutos de amenazas y miedo, todo ello retransmitido en vivo.
Primero, un hombre con una pistola apareció en medio de la emisión en directo de la televisora, seguido por un segundo armado con una escopeta, luego un tercero y más. Con el título del espacio, “Después de el noticiero”, a sus espaldas, los empleados de la cadena fueron llevados al plató y se les ordenó tumbarse en el piso. Se escucharon gritos seguidos de disparos.
“Estamos al aire pa’ que sepan que no se puede jugar con la mafia”, se oyó decir a uno de los asaltantes.
Pudo verse a varios de los enmascarados apuntando al personal del noticiero. Alguien dijo “¡No disparen!” y tras unos 15 minutos la transmisión se cortó.
El asalto sin precedentes a una televisora en Ecuador se produjo horas después de una serie de ataques, secuestros de policías y de la presunta fuga de la cárcel de los líderes de dos de las bandas con más poder en el país.
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El incidente del martes se saldó sin fallecidos y los 13 pistoleros fueron arrestados y serán acusados de terrorismo. Daniel Noboa, quien asumió la presidencia en noviembre con la promesa de llevar la paz al país, emitió un decreto que declaraba que la nación se encuentra en un “conflicto armado interno”, en lo que algunos analistas consideran un punto de inflexión para Ecuador.
Más tarde, Noboa convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Tras la reunión, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que los ataques eran la respuesta de las bandas a las acciones del gobierno en su contra.
“Han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población”, declaró a reporteros el almirante Jaime Vela, que calificó los incidentes como ”sin precedentes” en la historia del país.
Ecuador se ha visto sacudido por ataques desde el lunes en la noche, pero el asalto al noticiero fue visto en miles de hogares en toda la nación.
“Este es un punto de inflexión”, dijo Will Freeman, analista político del Consejo de Relaciones Exteriores, añadiendo que, aunque las bandas habían asesinado a un candidato a la presidencia y colocado coches bomba ante edificios gubernamentales, los eventos del martes marcaron un nuevo apogeo de la violencia.
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“Dependiendo de cómo responda el gobierno, sentará un precedente para que este tipo de incidentes continúen o se utilizará esto como catalizador para hacer algunas reformas estructurales muy necesarias para que el estado pueda empezar a ganar su guerra contra la delincuencia”, añadió Freeman.
A Alina Manrique, jefa de redacción de TC Televisión, le ordenaron tirarse en el piso.
“Me pusieron un arma en la cabeza”, dijo a The Associated Press. “Pensé en mi vida entera, en mis dos hijos”.
Según su relato, algunos de los asaltantes salieron del estudio y trataron de ocultarse en las instalaciones cuando se dieron cuenta que estaban rodeados por la policía.
“Tengo pánico”, añadió Manrique. “Todo se vino abajo (…) solo sé que hay que irse de este país. Irse, irse muy lejos. No tenemos seguridad de nada”.
La policía entró en la televisora y redujo a los agresores, que pueden enfrentar penas de hasta 13 años de cárcel si son condenados por terrorismo.
En la víspera, un día después de la presunta fuga de un penal del conocido cabecilla de una peligrosa banda, Noboa había declarado el estado de excepción para todo el país, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de la población y movilizar al ejército en sitios como las cárceles.
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Poco después de que los pistoleros irrumpieran en la televisora el martes, Noboa emitió otro decreto que calificó a 20 bandas del narcotráfico que operan en el país como grupos terroristas y autorizó al ejército a “neutralizarlas” dentro de los límites del derecho humanitario internacional.
El gobierno indicó que se registraron al menos 30 atentados desde que las autoridades anunciaron que Adolfo Macías, alias “Fito” y líder de Los Choneros, uno de los principales grupos del crimen organizado, había desaparecido de su celda en una prisión de baja seguridad el domingo. Su traslado a un centro de máxima seguridad estaba previsto para ese mismo día.
Además, Fabricio Colón Pico, cabecilla de la banda criminal Los Lobos, habría escapado de un penal en la ciudad de Riobamba, según anunciaron las autoridades ecuatorianas el martes. Colón Pico fue detenido el viernes dentro de una investigación por secuestro y estaba acusado de intentar matar a una fiscal general.
Otros ataques incluyeron una explosión cerca de la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia y el secuestro de cuatro agentes de la policía — uno en la capital, Quito, y otros tres en la ciudad de Quevedo — el lunes en la noche.
Los Choneros es una de las bandas ecuatorianas a quienes las autoridades responsabilizan de un repunte de la violencia, en su mayoría relacionada con el narcotráfico, que alcanzó un nuevo nivel el año pasado con el asesinado del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. El grupo tiene estrechos vínculos con el cartel de Sinaloa, según las autoridades.
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El paradero de Macías era un misterio. La fiscalía abrió una investigación y acusó a dos guardias en relación con su presunta fuga, pero ni la policía, ni el departamento de prisiones ni el gobierno federal confirmaron si huyó de las instalaciones o si podría estar oculto dentro.
En febrero de 2013, escapó de un penal de máxima seguridad pero fue recapturado semanas más tarde.
Macías, que fue condenado por narcotráfico, asesinato y crimen organizado, cumplía una sentencia de 36 años en la prisión La Regional de la ciudad portuaria de Guayaquil.
Ubicado en la costa sudamericana del Pacífico entre Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína del mundo, en los últimos años Ecuador se ha convertido en un punto de tránsito clave para la droga. Gran parte de la violencia que sufre el país se deriva de las luchas entre los grupos de narcotraficantes y con el gobierno por el control de los puertos y las rutas del contrabando.
Los Choneros y otros grupos similares ligados a los cárteles mexicanos y colombianos se enfrentan por el control de las rutas del narcotráfico y el territorio, incluyendo dentro de los centros de detención, donde más de 450 reos han muerto desde 2021, de acuerdo con las autoridades.
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