(Tomado de Expediente Público)En Honduras los señalamientos de corrupción con dineros de la emergencia para combatir el COVID-19 están a la orden del día. Precios sobrevalorados, compra de televisores y percoladoras en lugar de equipo médico, pago de facturas hoteleras y adquisiciones de materiales biomédicos a empresas que venden celulares por cifras superiores a los 3.5 millones de dólares son algunos de los hallazgos en las compras del Estado.
Quienes están vendiendo a precios sobrevalorados en el marco de la emergencia por COVID-19 no son empresarios, sino, delincuentes infiltrados contra quienes los hondureños deben ejercer presión social y los organismos de justicia tienen que imputarles responsabilidades, señaló el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero.
La CCIC tiene su sede en San Pedro Sula y con casi 3,000 socios es una de las organizaciones empresariales más influyentes de Honduras. El Valle de Sula, donde está dicha ciudad, genera más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto de Honduras.
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