Ruta del Canal Interoceánico definida | La Costeñísima

CIDH admite denuncia contra Nicaragua

La Costeñísima
Publicado el 5 julio, 2018 a las 11:27 am

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió la denuncia que contra el Estado de Nicaragua introdujeron las autoridades territoriales y comunales indígenas y afrodescendientes, de algunos de los municipios del Caribe Sur, por las constantes violaciones a sus derechos humanos al aprobar sobre sus propiedades una violatoria ley del Canal Interoceánico.

El anterior 25 de junio fueron notificados por la CIDH, Steve Martin Cuthbert, mískitu de Tasbapounie;   Rupert Allen Clair Duncan,  creole de Monkey Point; Santiago Emmanuel Thomas, de la etnia Rama; y Nora Newball,  creole de Bluefields, sobre la apertura del caso  número 13.615 en vista que el estado de Nicaragua no presentó respuesta a su petición en contra del Gran Canal Interoceánico.

El caso se origina con la presentación del presidente Daniel Ortega de la iniciativa  para la aprobación de la ley 840 que otorgó la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN), a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND).

Sin licitación como estipula la ley
Esa concesión, según los demandantes, fue sin licitación alguna, sin la debida consulta y por ende sin el Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI), requerido en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a pesar que el 52 por ciento de la ruta del GCIN ha sido planificada sobre los territorios histórica y tradicionalmente propiedad de estos pueblos ubicados en el Caribe Sur.

 

El activista creole Dennis Porter, consideró que si la CIDH admitió la denuncia es porque encontró violaciones a los derechos humanos de las minorías étnicas en el uso, disfrute de sus territorios.

“Recordemos que los territorios comunales no se pueden vender ni enajenar, se puede dar en goce de uso a beneficio de la comunidad y comunitarios pero no como el gobierno lo uso haciendo eco de su poder”, explicó Porter.

El Estado de Nicaragua tituló en 2009 el territorio Rama y Kriol, sin embargo, la Autoridad del GCIN pretende usurpar el corazón de ese territorio, 263 kilómetros cuadrados, del que éste pueblo depende su subsistencia, esto por medio del llamado “Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, rechaza la defensora de los derechos humanos, María Luisa Acosta.

Entrega completa de las tierras

Ese convenio establece el periodo del arrendamiento de manera perpetua lo que constituye una usurpación velada, además fue obtenido por medio de la amenaza, coacción y la cooptación de autoridades Ramas y Kriol, en detrimento de la autonomía y autodeterminación de este pueblo, faltando así, entre otros, a la buena fe, que según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo deben observar los Estados en estos procesos.

 

Además, el presidente Ortega, el 29 de octubre de 2016 entregó a un gobierno paralelo al de Newbal, integrado por sus partidarios, un irregular título de menos del siete por ciento del territorio reclamado por la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (La CNCIB), coordinado por Newbal.

Por medio del gobierno paralelo, primero debilitan las instituciones tradicionales de La CNCIB a la vez que, en violación al debido proceso legal elaboran el título, dejando por fuera el 93 por ciento de la tierra reclamada por La CNCIB para facilitar así la ruta del GCIN, evitando a la vez, la realización del proceso de consulta a la CNCIB en la ruta del GCIN.

En segundo lugar, el gobierno paralelo procede a la usurpación de la posición de la representante étnica Creole en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) legalmente elegida para que miembros del gobierno paralelo tomaran parte en la elaboración del irregular título de solamente el sirte por ciento del territorio reclamado.

Entregó soberanía al chino
Los indígenas y afrodescendientes reclamantes llevaron el caso ante la CIDH, en 2014, y entre entonces y el año 2016, interpusieron 16 recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano facultado por la Constitución Política de la Republica de Nicaragua para tutelar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Porter indicó que si el gobierno de Daniel Ortega entregó el 7 por ciento del 100 por ciento de las tierras al gobierno comunal paralelo de Bluefields es porque reconoce tácitamente que las tierras son de los creoles, y que por tanto la entrega de la soberanía al chino es ilegal.

Sin embargo, la CSJ aún no ha dado respuesta a algunos de los recursos y los que ha decidido lo ha hecho en contra de estos pueblos, en varios casos mal interpretando los hecho y la norma, y hasta fallando contra de ley expresa.