La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), manifestó mediante un boletín especial, que el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en septiembre de 2019, “ha sido deficiente”.
Por lo tanto, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, señaló que el Gobierno de Daniel Ortega “debe reanudar rápidamente una cooperación constructiva con la OACNUDH”, a fin de realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
“Sin avances notables”
Tras 15 meses de la publicación del informe sobre la situación en Nicaragua y a menos de un año de elecciones presidenciales, la OACNUDH ha observado que el Gobierno ha implementado pocas medidas, sin mostrar avances notables.
“La OACNUDH siguió recibiendo denuncias de tortura, malos tratos y de denegación de atención de salud oportuna a personas privadas de libertad en el contexto de la crisis, por ello, la OACNUDH reitera al Gobierno la importancia de permitir a la Oficina acceso al país y así poder evaluar su situación in situ», expuso el boletín.
Asimismo, el documento añadió que «todos los presuntos casos de tortura mencionados en el informe de 2019 de la Alta Comisionada presentado al Consejo de Derechos Humanos siguen en la impunidad. En ninguno de esos casos se identificó o sancionó a los autores o se concedió reparación a las víctimas».
Además, la Alta Comisionada señaló que la Policía Nacional ha impedido sistemáticamente las manifestaciones públicas de personas o grupos críticos con el Gobierno, recurriendo al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza.
“Leyes pueden tener impacto negativo”
Por otro lado, Bachelet indicó que la OACNUDH está preocupada por la reciente aprobación de una serie de leyes punitivas, entre las que se enumeran la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y la instauración de la cadena perpetua por crímenes de odio.
“La OACNUDH considera que estas leyes pueden afectar aún más los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de participación política, y pueden tener un impacto negativo en particular en el período preelectoral”, detalló el boletín.
De igual forma, el documento reiteró que el Gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para desarticular y desarmar a los grupos paramilitares, para evitar una posible escalada de incidentes violentos e iniciar una reforma al sector judicial.
Finalmente, Bachelet también criticó la ausencia de reformas jurídicas e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.