Carla Martin Brooks, exalcaldesa y actual vicealcaldesa de Bluefields, en el Caribe Sur, fue acusada ante los tribunales comunes por presuntamente haber cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, y usurpación de dominio privado.
Junto a Martin también fue acusado Miguel Antonio Martínez, concejal municipal, Emilia Osorio, exconcejal municipal de la Alcaldía de Bluefields, la pastora evangélica Belkis Talley, entre otros.
Ésa acusación fue interpuesta por la abogada Raquel Amador, apoderada de una propiedad ubicada al suroeste de Bluefields, ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice), el anterior sábado 17 de febrero 2018, no obstante a la fecha esa dependencia no ha asignado ese expediente a ninguna judicatura.
Amador lamentó que personas utilicen la investidura de autoridad para cometer delitos, sin embargo, les aclaró que no están exentos de los castigos que la ley manda.
Francisco Dávila, esposo y abogado representante de Amador, sostuvo, no obstante, que están abiertos a negociar con las familias que invadieron las tierras privadas que representa Raquel Amador.
“Vamos a negociar con las condiciones de Raquel Amador, no con las condiciones que quieran imponer”, dijo Dávila.Belkis Talley, declaró que ninguna autoridad municipal debe ser acusada ante los tribunales.“Y si quieren acusar a alguien pues que me acusen a mí, yo me echo los cargos sobre mi espalda”, admitió Talley, a La Costeñísima.
Martin, al ser consultada vía telefónica al respecto dijo que no respondería a las preguntas de La Costeñísima porque “yo no tuve nada que ver, fueron otros los que tuvieron que ver”.
Al igual Martínez se negó a responder públicamente por los señalamientos que le formula Raquel Amador.
Raquel Amador dijo que cuenta con un poder generalísimo que le otorgó su papá Dolores “Lolo” Amador quién posee 50 manzanas de tierras al suroeste de Bluefields, mismas que fueron invadidas por pobladores de Bluefields que reclaman tierras para vivir.
En Bluefields un sinnúmero de sus pobladores, incluso de Chontales, Boaco, y Nueva Guinea, han invadido las tierras privadas y comunales alegando que necesitan tierras para trabajar y vivir.
Raquel Amador confirmó este martes que aún Ordice no asigna el expediente acusatorio particular al Juzgado Local Penal para el inicio del proceso contra los señalados de invadir sus tierras.