Desde el estallido de la crisis sociopolitica en Nicaragua, el gobierno de Ortega – Murillo, emprendió una casería, en contra de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) que defendían los derechos de la población nicaraguense.
Desde el 2018 se contabilizan 660 organizaciones no gubernamentales canceladas, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas, en evidente represión al derecho de organizacion en el pais.
La herramienta eficaz, la Asamblea Nacional, compuesta por diputados que en su mayoria son afines al partido FSLN, la otra minima cantidad son diputados de partidos zancudos, que al final apoyan las desiciones sandinistas.
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El argumento de ley aplicable para despojar de su personeria juridica a las ONG´s, es la LEY GENERAL SOBRE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO, LEY N°. 147, donde la sanción es el cierre de la organización, por supuestamente no presentar en tiempo y forma los estados financieros, fuentes de donacion y beneficiarios, además por no poseer una junta directiva estructurada.
El órgano solicitante del cierre de las organizaciones no gubernamentales, es el Ministerio de Gobernación, mientras la Asamblea Nacional, ejecuta el cierre, a travez de los diputados, quienes votan a favor para que se inicie el masivo cierre de las mismas.
Esta mañana la Asamblea ordenó la cancelación de 93 ONG´s, entre ellas estaban: Fundación indígena para el desarrollo socioeconómico de la Costa Caribe Nicaragüense, Asociación de pescadores artesanales miskitus, Asociación de capitanes y marinos unidos por la Costa Atlántica , Asociación de desarrollo miskito y sumo de la cuenca media, Asociación de técnicos y profesionales del municipio de Waspan, Fundación para el desarrollo comunitario de prinzapolka.