Unos 2.000 migrantes se reagruparon de nuevo al sur de México para avanzar hacia el norte, tras acusar al gobierno mexicano de haberles engañado y no entregarles documentación para transitar libremente por el país después de que a inicios de enero aceptaran disolver una masiva caravana ante la expectativa de que las autoridades regularizaran su situación.
El grupo salió con unas 6.000 personas el día de Nochebuena de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, en vísperas de un encuentro de alto nivel entre México y Estados Unidos donde se pactaron nuevas medidas para controlar el creciente flujo migratorio que vive la región. La caravana caminó unos 100 kilómetros durante poco más de una semana hasta Mapastepec, todavía en el estado de Chiapas.
El 2 de enero el grupo fue disuelto por las autoridades después de que los migrantes accedieran voluntariamente a ser trasladados a distintas instalaciones migratorias para alojarse y procesar sus casos, explicó entonces Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas.
El funcionario no dejó claro qué tipo de trámite se haría pero sí dijo que no habría entregas inmediatas de visas humanitarias ni de documentos migratorios que permiten el tránsito por todo el país, como ocurrió con otras caravanas.
Sin embargo, los migrantes confiaron en que así fuera y que con los nuevos papeles pudieran seguir rumbo al norte.
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Cuando se dieron cuenta de que sus documentos no les permitían salir del estado de Chiapas muchos optaron por reagruparse en Arriaga, a 250 kilómetros de Tapachula y a donde llegaron en distintos tipos de transporte público. Arriaga es la última localidad de esa carretera antes de salir del estado de Chiapas hacia Oaxaca.
“Migración nos mintió, prometió algo cuando no lo cumplió, sólo quiso deshacer el grupo, pero se equivocaron porque aquí estamos todos y vamos a caminar”, expresó la salvadoreña Rosa Vázquez.
Vázquez fue llevada por agentes migratorios a un albergue en Huixtla pero aseguró que únicamente le dieron un documento para moverse por Chiapas, un estado copado de migrantes y donde escasean las oportunidades de trabajo para los extranjeros mientras esperan regularizar su situación. Por eso muchos prefieren no quedarse ahí.
Coritza Matamoros, de Honduras, accedió a ser traslada junto con su esposo y dos hijos en autobuses de migración porque creyó que sería llevada a la Ciudad de México y que le otorgarían algún documento de regularización.
“Nos engañaron bastante, nos hicieron creer que nos iban a dar para llegar a Ciudad de México y fue un engaño, cuando llegamos al albergue… nos hicieron firmar papeles a fuerza, no nos trataron bien, nos han tratado un feo”, acusó.
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El activista Luis García Villagrán, que acompaña al grupo, dijo que hubo un acuerdo formal con el Instituto Nacional de Migración para regularizar la situación de las familias y grupos vulnerables que no ocurrió.
Según denunció, lo que sí hubo fue separación de familias por distintas instituciones del sureste mexicano “y eso causó graves problemas” porque algunos migrantes no saben dónde se encuentran algunos de sus parientes. Por eso, pidió investigar “actos ilegales” en el tratamiento de los migrantes y que sean sancionados los funcionarios que resulten responsables.
García Villagrán indicó que el objetivo del lunes era llegar caminando a San Pedro Tapanatepec, ya en el estado de Oaxaca, una recóndita localidad a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala donde llegaron a acumularse en octubre de 2022 hasta 14.000 migrantes que eran procesados por las autoridades y a quienes les entregaron distintos documentos de estancia en México.
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